Columna de Sergio Hernández: La importancia de no afectar la cadena de valor minero



El miércoles 30 de noviembre es el encuentro anual de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin. Nuevamente, la gran familia del ecosistema minero nacional se da cita en un ambiente de diálogo y camaradería, convocando a autoridades, empresas, representantes nacionales y regionales, especialistas, etc.

El tejido de empresas y trabajadores agrupados en Aprimin constituye en forma encarnada y real la inmensa cadena de valor que genera la minería en Chile y sus regiones. Porque lo hemos dicho muchas veces: la minería no es solo un rajo o una mina subterránea, es un clúster completo y profundo, un sistema próspero y virtuoso de encadenamientos productivos. No miremos la minería como fue, sino como está siendo y como llegará a ser, con procesos limpios y entregando los minerales indispensables para un planeta ambientalmente sustentable.

En Chile, la minería representa más de la mitad de las exportaciones, un quinto del PIB, un quinto de las inversiones y la décima parte del empleo. En las regiones mineras un 40% del empleo local viene del sector minería, industria que ha avanzado considerablemente en materia de seguridad laboral, con la tasa de accidentabilidad más baja por actividad económica del país. Asimismo, esta actividad aporta sustantivamente al PIB de las principales regiones mineras: 54% Antofagasta, 36% Tarapacá y Atacama, 25% Coquimbo y 20% en O’Higgins.

Si solo consideramos a los proveedores (agrupados en Aprimin), en la actualidad somos 126 empresas que generan más de 180.000 empleos directos y 350.000 indirectos. 74 empresas son de origen nacional y 52 internacional, obteniendo en el país una facturación anual superior a US$15.000 millones. Y un último dato adicional: contamos con un 18% de participación femenina, versus el 14,3% promedio de la industria.

La minería nos permite pensar de forma adecuada en el largo plazo. Sin duda, de su mano podemos y debemos construir un mejor país. Pero lamentablemente, por cuarto año consecutivo estamos cerrando el 2022 en incertidumbre, dudas y temores que no le hacen bien a la cadena de valor minero, ni menos al país: ya llevamos casi 48 meses de tramitación del proyecto de royalty minero en el Congreso. De por sí, la prolongación de este debate no ha sido positiva para generar un ambiente propicio para las inversiones.

A lo largo de este proceso hemos observado diferentes cambios de fondo de este proyecto: los más recientes fueron presentados por el Poder Ejecutivo en octubre para acoger algunas importantes observaciones hechas saber por el sector minero y Aprimin. Esta última versión mejorada del gobierno se hizo cargo de simplificar la estructura recaudatoria pero, lamentablemente, la carga tributaria efectiva total se propone superior al 49%.

Perseverar con unas tasas efectivas tan elevadas, pone en riesgo no solo a las operaciones mineras, sino que también al conjunto de la cadena de valor; unos diez puntos porcentuales sobre lo tributado actualmente. Este incremento deja a Chile a varios puntos encima de las tasas efectivas de países competidores como Perú, Australia o Canadá. Sí, debemos trabajar en pro de aumentar la recaudación -algo en lo que hay acuerdo transversal-, pero debiera ser en una modalidad en que quedemos, al menos, a la par de estos países.

De esta forma se podría racionalizar el objetivo del proyecto de ley, que es aumentar la recaudación desde la minería en forma sustentable en el largo plazo, pero al mismo tiempo, protegiendo la competitividad para atraer más y mejores inversiones que aumenten nuestra actividad y continúen aportando a la cadena de valor, en especial en nuestras regiones. Siempre recaudará más una carga tributaria de un 40% con altas inversiones, que una carga tributaria del 50% con bajas inversiones.

Por Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin

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