En medio del caso del renunciado gerente general de Cencosud, Matías Videla, que en las últimas semanas ha llenado páginas de los diarios y minutos en radio y televisión, pasó casi inadvertida una noticia que se vinculaba -como un efecto espejo- con la crisis reputacional en la que se vio envuelta la compañía a la que pertenecía el alto ejecutivo.
El último Barómetro de Confianza en las Empresas, que cada año elabora la Sofofa, constataba una progresiva recuperación de este indicador por tercer año consecutivo. Una noticia alentadora que muestra un proceso ascendente desde el piso mínimo que registró tras el estallido social, donde los atributos que la ciudadanía considera más relevantes para categorizar a un empresario como “bueno”, son que este sea confiable, creíble y honrado.
Pero no da para celebrar: con 50 puntos, el indicador aún se mantiene en zona neutra, lejos de los niveles de hace una década. Quienes evalúan negativamente a las empresas lo hacen por la sensación de que estas cometen abusos, maltratos y actos de corrupción, lo que demuestra que revertir la desconfianza es un proceso largo.
Sin duda, los casos de corrupción en el ámbito público y privado conocidos en los últimos años son los responsables de que la imagen del sector empresarial se fuera deteriorando ante los chilenos, ya que por culpa de unos pocos la opinión pública termina invariablemente sospechando de todos y la confianza como un todo se ve fuertemente resentida.
Pero este último caso también ha tenido aspectos positivos. La inédita multa de 15 mil UF aplicada por la CMF, la más alta impartida hasta ahora, marca una clara señal del regulador respecto a la tolerancia cero que está aplicando en estos casos, tendencia que se verá reforzada con la reciente promulgación de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, que endureció las penas para los infractores.
Tan importante como eso es el rechazo sin matices que emanó tempranamente desde el propio empresariado. Lejos de comportarse como una cofradía, refleja que los empresarios están conscientes del peligro que significa perder el camino avanzado y que se consolide la sensación en la opinión pública de que los delitos de cuello y corbata quedan mayormente impunes.
De ahí que la condena de los propios pares sea tan importante. Probablemente hace unos años lo ocurrido con el ex gerente general de Cencosud no hubiese sido motivo de mayor escándalo. Pero la enérgica condena que exteriorizaron organizaciones como la CPC, Sofofa e Icare habla bien del consenso que se ha alcanzado respecto a que no hay espacio para relativizar estos hechos y que, a mayor nivel de responsabilidad en una empresa, más alta es la vara con la que se es medido.
La confianza se (re)construye cuando las personas ven que para las empresas no da lo mismo cómo se logran los resultados que buscan. El estándar que se exige a cualquier organización en materia de ética, gobernanza y buenas prácticas, en Chile y el mundo, es cada vez mayor y enhorabuena que así sea. En un mundo hiperconectado y globalizado, nadie se puede dar el lujo de no estar a la altura.
Por eso es tan importante contar con una buena gobernanza. Las empresas que se han tomado en serio la prevención de delitos y cuentan con programas de compliance efectivos, van en la dirección correcta. Revisando periódicamente sus políticas de gobierno corporativo, controles de proveedores, donaciones, recursos humanos, inversiones comerciales, relación con terceras partes y otras, serán capaces de detectar posibles vulnerabilidades o amenazas y tener bien cubiertos sus riesgos.
De todos los casos -y este no es la excepción- se pueden sacar lecciones para seguir mejorando estos aspectos y recuperar la confianza de aquellos que aún recelan o que mantienen una actitud neutra. Por lo pronto, habla bien de nuestra institucionalidad lo que ha ocurrido en estas semanas. La única forma de combatir las malas prácticas es no perder la capacidad de asombro cuando estas se conocen, alzar la voz para condenarlas y aplicar mano dura para sancionarlas.
Por Susana Sierra, CEO de BH Compliance
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