Hoy, una familia puede garantizar atención médica oportuna para su hijo gracias al Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES); una persona de Lonquimay puede solicitar un certificado en línea sin tener que recorrer kilómetros, gracias a la digitalización del Registro Civil; y cualquier ciudadano puede saber qué compra su Municipalidad con el dinero público con solo un clic, porque existen portales de transparencia y acceso a la información (Chilecompra y Portal de Transparencia). Estas mejoras son cambios evidentes, que acercan el Estado a las personas, simplifican sus vidas y, sobre todo, refuerzan la confianza en las instituciones.

Estas reformas son parte de un proceso más amplio de modernización del Estado que comenzó a tomar forma en Chile en la década de 1990. Responde a un esfuerzo colectivo y transversal por adaptar la administración pública a los desafíos de un mundo en constante cambio. Sin embargo, la modernización del Estado no es un objetivo estático ni logrado, es una tarea permanente que enfrenta desafíos y oportunidades en un contexto de transformaciones sociales, como el envejecimiento de la población y el aumento de la desigualdad; tecnológicas, como la expansión de la inteligencia artificial y la digitalización acelerada de los servicios, sumado a los ciclos políticos.

El reciente estudio del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, pone en perspectiva estos avances: de un país con altas tasas de pobreza y desigualdad a una nación con mayor desarrollo humano y sofisticación institucional. Reformas transversales como ChileCompra o la creación del Sistema de Alta Dirección Pública, y sectoriales como el GES, han sido hitos importantes. No obstante, muchas de estas modernizaciones lucen hoy insuficientes frente a las crecientes demandas actuales.

Modernizar el Estado significa transformar sus estructuras y gobernanza, así como rediseñar objetivos y acciones para responder mejor a las necesidades ciudadanas. Aunque Chile materializó 254 reformas entre 1990 y 2023, la falta de continuidad y gobernanza estable en las últimas décadas ha ralentizado este proceso.

El camino recorrido deja lecciones clave. Una de las principales es que los procesos no son lineales: las reformas atraviesan gobiernos y crisis, arrastrando problemas no resueltos. Muchas de ellas surgen como respuestas inmediatas, como ChileAtiende o Datos.gob, y no como estrategias de largo plazo. Además, ninguna reforma es eterna; lo que fue innovador en los 90 resulta insuficiente en 2025. Las buenas políticas públicas no tienen color político, y sus logros, aunque imperfectos, trascienden gobiernos.

Otra lección importante es que muchas modernizaciones han avanzado sin necesidad de nuevas leyes, sino gracias a decisiones administrativas efectivas. Esto demuestra que la gestión pública puede ser un motor clave de transformación. Sin embargo, las soluciones nunca son óptimas; requieren evaluaciones y mejoras permanentes para adaptarse a un contexto siempre cambiante.

El desafío ahora es construir un Estado para el siglo XXI que combine eficiencia, equidad y legitimidad. Esto requiere liderazgo, visión estratégica compartida y una articulación efectiva entre las instituciones y niveles de gobierno. Chile tiene la oportunidad de aprender de su experiencia y proyectar un futuro donde la modernización del Estado no sólo responda a las demandas del presente, sino que anticipe las del mañana, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo.

Las tareas más urgentes se refieren a la capacidad del Estado en dar respuesta oportuna y eficaz a los problemas que nos afectan como sociedad. El empleo público es un ámbito urgente por mejorar, se requiere atraer más talento en base al mérito y diversificar las modalidades de contratación haciendo posible la adecuación de los servicios y sus dotaciones a los requerimientos institucionales. Por otra parte, debemos estar atentos a la necesaria incorporación de la inteligencia artificial en la gestión pública, pues contribuirá, bajo estándares éticos, a la eficiencia operativa, transparencia y en definitiva, a la provisión de servicios con la calidad que la ciudadanía requiere.

Por Trinidad Inostroza, presidenta, y Ignacio Irarrázaval, vicepresidente, del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado.