Combate contra el terrorismo



Tras una ardua y acuciosa investigación, la Fiscalía de La Araucanía solicitó recientemente 25 años de cárcel para Héctor Llaitul, cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por los delitos de incitación y apología a la violencia invocando la Ley de Seguridad del Estado, robo de madera, atentado contra la autoridad y usurpación violenta.

Si bien serán los tribunales de justicia los que determinen finalmente si Llaitul es condenado o no por los graves delitos que se le imputan, lo obrado hasta acá por el fiscal regional Roberto Garrido es una buena señal para el país, en cuanto a que quienes cometen delitos no pueden quedar impunes y es una luz de esperanza para desarticular las orgánicas radicalizadas como la CAM.

Y en este caso particular, existe precisamente una larga data de impunidad de una organización que durante décadas viene cometiendo una serie de gravísimos hechos de violencia con atentados incendiarios y ataques armados que han infundido temor y terror a las familias que viven en La Araucanía.

Son muchas las víctimas que hasta hoy padecen el nocivo impacto que ha dejado en sus vidas el actuar de la CAM y las denominadas organizaciones de resistencia territorial (ORT) y que continúan sin tener acto de reparación alguno del Estado ni tampoco justicia.

Por eso es tan importante la determinación adoptada por la Fiscalía de La Araucanía en este caso, porque representa la posibilidad cierta de que de alguna manera se comience a hacer justicia para las víctimas del terrorismo y la violencia, y puede ser también el esperanzador inicio para terminar con años de impunidad y con la desarticulación de estas organizaciones criminales.

Solo para contextualizar lo que ha significado la violencia en la Macrozona Sur, según cifras de Carabineros de Chile, entre 2018 y 2022 (septiembre), se registraron 5.167 hechos de violencia en las 4 regiones de la Macrozona Sur (Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.) De estos se han verificado 1.268 delitos de incendios, 138 delitos de lesiones y 23 homicidios.

El camino para enfrentar a organizaciones como la CAM no ha sido sencillo, entre otros aspectos, por la ausencia de un diagnóstico común y una estrategia para enfrentarlo. Recientemente el Presidente Boric reconoció que existe terrorismo en la región. Sin embargo no es suficiente reconocerlo; se necesita una estrategia nacional contra el terrorismo, siguiendo la estrategia española, basada en la de la Unión Europea, que aborde de manera integral el fenómeno delictual con base en 4 pilares: prevención, protección, persecución y respuesta.

Dentro de ello, es clave el perfeccionamiento de la Ley Antiterrorista, permitiendo técnicas especiales de investigación como agentes encubiertos e informantes; el establecer penas de cárcel para la usurpación, delito que es utilizado para el control territorial por las orgánicas; y la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado.

A eso se suma que Chile no dispone de una legislación que resguarde la infraestructura crítica, que es constantemente blanco de ataques, siendo que hay un proyecto que impulsé junto a otros parlamentarios, a la que no se le ha dado prioridad para su tramitación y aprobación.

Enfrentar el terrorismo y la violencia desatada que hoy afecta al país y sus habitantes, requiere de una legislación vigorosa y una política de Estado que involucre y coordine a toda la institucionalidad relacionada con la seguridad pública, lo que pasa también por respaldar y fortalecer la labor del Ministerio Público y las policías. El proceso contra Héctor Llaitul es una prueba de fuego en ese sentido.

Por Carmen Gloria Aravena, senadora

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