SEÑOR DIRECTOR:

El cuestionamiento del Presidente Boric a las violaciones de derechos humanos en Perú ha generado reproches que sugieren una posible contravención suya al principio de no intervención. Sin embargo, la protección y promoción de los derechos humanos no es una cuestión que quede reducida a la jurisdicción doméstica de los Estados, dado que estos, en el ejercicio de su soberanía, han ratificado los principales tratados internacionales de derechos humanos, aceptando la supervisión internacional en esta materia. Esto implica que no solamente tienen la obligación de resguardar la dignidad humana a través de sus instituciones internas, sino que también se otorga competencia a la comunidad internacional para denunciar abusos.

El cuidado de la vida y la integridad de las personas es una responsabilidad colectiva y global. El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y es inaceptable que cualquier Estado se escude en él para evadir sus obligaciones.

Amnistía Internacional ya ha denunciado que el gobierno peruano está reprimiendo las protestas, restringiendo el derecho de reunión y aplicando fuerza indiscriminada y desproporcionada. Esto debe terminar, dando paso a la investigación, asegurando justicia y reparación para las víctimas.

Los dichos del Presidente Boric plantean una preocupación por la existencia de violaciones a los derechos de las personas, coincidentes con las que han expresado otros gobiernos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil. El gobierno peruano debe aceptar su obligación de cumplir con sus compromisos internacionales, tomar medidas para detener estas vulneraciones y reparar a las víctimas.

Sofía Lanyon Pereira

Presidenta Amnistía Internacional Chile