Condenamos todas las violencias

Enfrentamientos en El Bosque entre habitantes y Carabineros de mayo pasado.



Por Leonardo Soto, diputado PS

Durante el último año Chile ha sufrido graves episodios de violencia, tanto contra las personas como contra bienes públicos y privados. Desde entonces la derecha y el gobierno, en vez de tomar medidas eficaces para prevenirla, han hecho una costumbre utilizar la violencia para “emplazar” a la oposición a su condena. En ese marco se inscribe este proyecto que impulsa el Ejecutivo, que obligaría a los “partidos políticos de oposición” a hacer por ley lo que no harían por voluntad propia.

Lo primero es señalar que esta moción se funda en una premisa falsa, porque desde el día uno la oposición, junto con respaldar la movilización ciudadana pacífica, ha expresado en distintos tonos su rechazo al vandalismo y la destrucción de la propiedad pública y privada. Los socialistas, en particular, no tenemos ningún complejo en rechazar todo tipo de violencia, porque en nuestro ADN hay siempre una visión democrática del país, una convocatoria a la paz, que incluso miles de hombres y mujeres, muchos anónimos, pagaron con su vida cuando luchamos contra la brutal dictadura cívico militar apoyada, vaya paradoja, por varios de los que hoy nos emplazan.

Entonces, estando ahora de acuerdo en lo esencial, en la democracia y los mecanismos pacíficos para resolver los conflictos, hay que reconocer que en esta materia tenemos varias diferencias con la derecha. Primero, en el modo de enfrentar la violencia. Mientras para el grueso de la derecha la única vía es la represión policial, muchas veces excesiva, brutal y descontrolada, que arrasa a manifestantes para infligirles un castigo físico y enviar señales de intimidación, como en el caso de Fabiola Campillai, Mario Acuña y muchos miles desde octubre pasado a la fecha; nosotros creemos que las policías deben actuar siempre en el marco de la ley. Es decir, usando las herramientas de fuerza cuando sea estrictamente necesario, de manera racional y proporcional, siempre para proteger los derechos de los ciudadanos; y, en presencia de vandalismo, saqueos o incendios, actuar oportuna y selectivamente para detener y llevar a los responsables ante la justicia.

En segundo lugar, para nosotros todas las violencias son condenables, pero no todas tienen igual entidad. A diferencia de este gobierno y la derecha chilena -y al igual que el mundo civilizado y el Derecho Internacional-, tenemos la convicción de que la peor violencia, la más grave, la que deja las heridas más profundas y difíciles de cicatrizar, son las violaciones a los derechos humanos. Es decir, aquella que ejerce el mismo Estado contra sus ciudadanos, traicionando el compromiso de protegerlos que le da legitimidad. En consecuencia, todo “emplazamiento” a condenar la violencia, todo proyecto de ley que obligue a hacerlo, si no considera las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos que han sufrido miles de chilenos y chilenas durante el último año, constituye un ejercicio vacío y oportunista, por cierto, alejado de los más mínimos principios democráticos.

Por último, nosotros estamos contra más tipos de violencia, incluyendo la que condena a millones a una vida en la marginación, a la falta de oportunidades y a un entorno de abusos y discriminación. Estamos contra la violencia machista hacia las mujeres y la violencia económica que niega el acceso a una vida digna a millones de adultos mayores, sometiéndolos a una vejez en la pobreza. Condenamos toda esa violencia estructural que hasta el día de hoy muchos en la derecha se niegan a ver. Y condenamos también, por cierto, la violencia que destruye bienes públicos o locales comerciales, afectando el sustento de sus dueños o trabajadores.

Nosotros creemos que llegó el momento de enfrentar todas las violencias en serio, lo que este proyecto de ley que impulsa el gobierno no hace ni de lejos.

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