Constitución y buena fe

El Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, alcanzado en la madrugada del 15 de noviembre, da una oportunidad a nuestros políticos para ejercer la esencia de su oficio: llegar a acuerdos en beneficio del país. Tras el llamado del Presidente Piñera efectuado 48 horas antes, los partidos políticos con representación parlamentaria, excepto el Partido Comunista, concurrieron a este pacto para elaborar una nueva Constitución.

Las graves circunstancias que vivió el país las horas previas, de inusitada violencia, activaron el sentido de urgencia de los políticos. No puede dejar de señalarse, no obstante, que parte de la clase política ha tolerado la violencia como medio para lograr objetivos políticos. Es inaceptable que, alcanzado este acuerdo por la paz social, esa tolerancia continúe.

Por eso es tan importante que los firmantes actúen sobre la base del principio de buena fe. Se ha establecido un largo itinerario para llegar a la aprobación de una nueva Constitución en caso que en el plebiscito del mes de abril la ciudadanía opte por ese camino. En este período, los protagonistas del proceso habrán de discutir, de buena fe, la forma de poner en práctica este acuerdo. Ese camino está lleno de detalles y surgirán discrepancias, que deben superarse en el espíritu de lo firmado.

El senador Andrés Allamand planteó una interpretación del acuerdo, que señala que las materias contenidas en la nueva Constitución tendrán que acordarse por dos tercios de los miembros de la Convención, tanto en sus contenidos puntuales, como en el conjunto de ellas. Ello nace de la lectura del punto seis del documento firmado, cuando señala que las normas y el reglamento de votación de las mismas deberán ser aprobados por el órgano constituyente con un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio.

Esta opinión de Allamand ha provocado una desproporcionada reacción de políticos de oposición, que le acusan de intentar mantener, por esa vía, la Constitución vigente. La verdad es que eso no es así. Es una interpretación, que no es la única, pero que podría estar sobre la mesa para ser discutida por los constituyentes. En el acuerdo firmado no se señala que si no se logra el quórum rige la Constitución vigente, pero tampoco que ello signifique que la materia en cuestión pasa a ser regulada por normas legales. Habrá que hacer una interpretación armónica del acuerdo y atender también al principio de realidad, pues es posible que una interpretación pueda ser aplicable en ciertos casos y no en otros, dependiendo de la cuestión que se esté discutiendo. Además, tendrá que haber normas transitorias entre una Constitución y otra.

Dilucidar esto ahora es intentar ganar un partido por secretaría antes que se juegue. Dejemos a los constituyentes la tarea de llegar a acuerdos, aplicando la buena fe y ciñéndose estrictamente al espíritu y al texto del acuerdo.