El acuerdo por una nueva Constitución suscrito en el Congreso permitirá que la ciudadanía, si así lo decide en el plebiscito de abril de 2020 -y esperamos que ocurra-, participe en el diseño de la Carta Magna, a partir de una hoja en blanco, dejando atrás la herencia de la dictadura. Lo que ocurrió durante las 48 horas en que la clase política entendió los riesgos que corre nuestra democracia y vimos emerger la posibilidad de acuerdos, nos llama a ser responsables. No olvidemos que este acuerdo es frágil y requiere avanzar en legitimidad. Tampoco olvidemos que, en adelante, es exigible demostrar un espíritu de concordia y respeto, evitando tentaciones demagógicas durante la tramitación parlamentaria de la agenda social, política y económica que la ciudadanía demanda con urgencia.

La nueva Constitución tardará en llegar y no arreglará todos nuestros problemas. Y, si bien este proceso contribuirá a encauzar el descontento de manera constructiva y democrática, como acertadamente señala el PNUD, en la ingeniería de detalle es donde se pueden cometer los mayores errores.

Hay demandas fundamentales. En primer lugar, asegurar la representación paritaria de mujeres y hombres en todas las instancias del proceso. La ciudadanía, por ejemplo, debe poder elegir de una lista 50/50 de candidatos y candidatas, a quienes integrarán la convención constituyente o su versión mixta, según el mecanismo que concite más apoyo.

Porque el cambio cultural aún no ha llegado, necesitamos acción afirmativa. Lo demuestra el amplio predominio masculino en los análisis de los medios estos días, sesgo inaceptable habiendo expertas suficientes, cuya desventaja no es otra que tener menos redes en la política y el poder.

El número sí importa. Pero también una representación sustantiva de mujeres en la forma y contenido de esta deliberación para el diseño de nuestra nueva "casa común".

De ahí el segundo resguardo clave: asegurar la igualdad de condiciones para quienes quieran postular a ser constituyentes, quitando la barrera de que solo puedan competir en listas presentadas por los partidos políticos. Sería un total desacierto que independientes y representantes de la sociedad civil, que concitan la confianza de la ciudadanía y son parte de su diversidad, queden excluidas.

En estas últimas semanas más de 100 mujeres han reflexionado en torno al Chile que soñamos en nuestros cabildos. Su voz se ha escuchado fuerte: no solo quieren ser parte del proceso, sino que demandan cambios estructurales para avanzar en igualdad efectiva, donde el Estado sea garante de derechos fundamentales y proteja la dignidad desde la infancia. Anhelan una sociedad inclusiva, sostenible, respetuosa y solidaria, que no acepte o naturalice cualquier forma de discriminación y violencia. Hoy tenemos la oportunidad única de reencontrarnos y transitar como ciudadanía hacia una democracia paritaria, que nos proteja y represente.