SEÑOR DIRECTOR:

La encuesta Enusc recién dada a conocer por el gobierno es una nueva alerta del estado de la seguridad en nuestro país. Este instrumento constituye la mejor fuente de información existente sobre el número de personas afectadas por la delincuencia y la medición 2022 da cuenta del alza más pronunciada de los últimos 10 años: 21,8% de los chilenos dijo haber sido víctima de algún tipo de delito, cifra que contrasta con el 16,9% reportado en 2021, rompiendo además con una tendencia iniciada en 2017, en que año a año se reducía el número de víctimas.

Algunos en el gobierno querrán sacar cuentas alegres diciendo que el índice es más bajo que en 2019, antes de la pandemia. Sin embargo, al observar los números con detención, no hay nada de que alegrarse. Una leve disminución en los delitos de hurto es lo único que explica que la victimización este mínimamente por debajo de lo reportado ese año, puesto que aquellos hechos de tipo violento y cometidos contra vehículos, que son los que más temor ocasionan en la ciudadanía, están por sobre los dígitos que se observaban en 2019.

Esta encuesta no hace más que ratificar que el gobierno debe asumir la tarea de la seguridad como la más prioritaria de su administración, dejando atrás aquellas ideas que enarbolaron sus principales líderes en el pasado y convenciendo a su coalición de esta urgencia social.

Cuando la ciudadanía escucha al Presidente y a sus ministros decir hoy que este es el gobierno que más proyectos de ley ha logrado aprobar en materia de seguridad, y que más recursos ha invertido, no puede sino ver una profunda contradicción. En el pasado, fueron esas mismas autoridades, en su rol de diputados, las que rechazaron aquellas iniciativas impulsadas por el Presidente Piñera en la materia. Incluso, cuando por error aprobaban proyectos, luego se les veía publicando videos en redes sociales pidiendo disculpas a sus seguidores y que corregirían tamaña falta. Tampoco tuvieron problema para oponerse política y judicialmente a avanzar en una legislación que permitiera distinguir la migración regular de la irregular o clandestina, impidiendo que el país ejerciera un adecuado control de sus fronteras y diera señales claras al respecto.

Y las erráticas señales en materia de seguridad continuaron duante el inicio del gobierno. A pocos días de asumir, la entonces ministra del Interior fue recibida a balazos en Temucuicui, y el Presidente sorprendió a su reemplazante en la cartera firmando indultos a delincuentes condenados en la víspera de año nuevo.

Ahora solo queda avanzar para revertir este mal escenario. Para ello, el gobierno requiere esencialmente dos cosas: alinear al PC y al FA, que siguen oponiéndose a las medidas necesarias para fortalecer la seguridad, y dejar de criticar a quienes, hoy desde la oposición, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por colaborar en esta tarea.

Juan Francisco Galli

Exsubsecretario del Interior