SEÑOR DIRECTOR

La Contraloría General de la República (CGR) ha señalado que se incumple la ley al contratar personal a honorarios en el sector público para labores habituales, cuando esa vía de ingreso a los órganos del Estado debe ser solo “excepcional y restringida”.

Pocas objeciones hay frente a un instructivo que busca corregir una anomalía del empleo público chileno. Contamos con un sistema anacrónico, que suele ser cooptado por la partidocracia, al alero de un marco legal muy rígido y que perpetúa una suerte de inmovilismo, con cargos de planta cuasi vitalicios, sin concursos públicos y sin evaluación objetiva del desempeño de quienes los ocupan. Frente a ello, en lugar de haber avanzado hacia un sistema que privilegiara el mérito, tanto en el acceso como en la promoción, hace algunos años se creó una nueva figura de empleo paralelo, la contrata, más flexible, pero que tampoco reúne las características de dar estabilidad laboral, rendición de cuentas y concursos abiertos y competitivos. Es en ese contexto que surgió como alternativa el contrato a honorarios, más discrecional y flexible, menos costoso para la administración y que los sucesivos gobiernos han tenido a la mano para convocar a profesionales afines a sus ideas. No hay que culpar a la CGR por este llamado de atención frente a este irregular “bypass” que se aleja del espíritu del legislador. Se cuestiona que al obligar el traspaso de personal a honorarios a la contrata se elevará el gasto fiscal. Es posible, pero también es posible que la Dipres tenga excusas para frenar el explosivo aumento de cargos públicos al cerrarse esta puerta lateral de acceso.

Mientras no se avance a un sistema de empleo público de verdad meritorio, justo, no discriminatorio y que confiere igualdad de oportunidades de acceso a todos, seguiremos observando estas malas prácticas.

Carlos Williamson