Desde el regreso de la democracia las policías han vivido transformaciones importantes que las llevan a ser instituciones reconocidas en América Latina por sus altos niveles de profesionalización, bajos de corrupción y capacidad de adaptación a los múltiples desafíos de la seguridad. A la par, son reconocidas por altos niveles de autonomía y bajo control civil. Suena paradojal pero los altos niveles de confianza ciudadana se instalaron como una barrera invisible para que los gobiernos avancen con mecanismos de cambio ante situaciones que eran evidentemente preocupantes.

Entre la operación huracán y las asociaciones criminales que defraudaron al Estado haciendo uso indiscriminado de los dineros públicos para beneficios particulares, al final del gobierno anterior se consolidó una coyuntura donde se podrían haber generado cambios. Pero no sucedió. Por el contrario, la incomodidad de la centro izquierda para fortalecer capacidades civiles, gobernar la seguridad y establecer una perspectiva de trabajo propia fue evidente para todos.

En este contexto el Presidente Piñera llegó jugando rápido y acertadamente. Cambió el alto mando, generó cambios significativos en la orgánica y reconoció problemas estructurales en las instituciones. El llamado Acuerdo Nacional trabajó por casi 8 meses y esta semana las primeras cinco propuestas de ley vieron la luz.  El avance nuevamente es tímido.

Pero seamos claros, control civil de la policía no es pedir que cuelguen planes de desarrollo preparados internamente en la web; tampoco es que firmen convenios con algunas instituciones para hacer capacitaciones o que entreguen información de sus tareas. Cuando se reclama control civil se busca fortalecer al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su rol no de apoyo sino de definición de las políticas. Eso aún no es tan claro. La definición de las estructuras de formación y educación policial, los contenidos mismos de esta formación, el control (y no solo la supervisión) de las estructuras financieras y de gestión, la administración de permisos, rotaciones, viajes, agregadurías, viáticos, y un largo etc, son algunas de las áreas donde se espera una mayor y mejor intervención civil.

El trabajo policial es clave para la democracia. El rol que ejercen cotidianamente impacta sobre la forma como la ciudadanía valora al Estado y sus instituciones. Los estudios muestran además que una policía reconocida como justa es mucho más legitima que una reconocida como efectiva pero violenta. Para lograr estos niveles de legitimidad se requiere de capacidad para toma de decisiones profesionales pero un irrestricto control civil de sus procesos. La propuesta de Ley incluye la creación de un comité de auditoria policial a cargo de un auditor externo contratado para dicha labor, ahí posiblemente un buen paso hacia el mayor control policial. Pero ¿porqué este auditor no es un funcionario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública? Tema que ojalá reconozcan como clave para el debate que deberá desarrollarse en con Congreso.

Para los más exaltados, el control civil no significa definir las tareas propias de la labor policial como el tipo de patrullaje más apropiado o las mejores formas para realizar una investigación o la estructura ideal del trabajo de una comisaria. Tampoco se quiere amarrar a los policías para que dependan de la política como algunos proponen. Muy por el contrario, como cualquier otra institución del Estado se requiere de efectivos mecanismos de control y definición de políticas públicas. Tarea que debería impulsar a una mayor formación de especialistas en los partidos políticos, personas con el conocimiento suficiente para apoyar en la necesaria transformación policial desde la rigurosidad y no del sentido común.

La ventana de oportunidad se está cerrando. Para el presupuesto del próximo año se pide un aumento de los dineros destinados a las instituciones policiales. Esperemos que esta vez la aprobación presupuestaria no sea un trámite más sino que se convierta en un verdadero escenario que nos permita avanzar con seriedad hacia la reforma policial necesaria, el fortalecimiento del control civil efectivo y en ese proceo la consolidación de una policía democrática.