El inicio de la campaña presidencial encuentra a Chile enfrentado a uno de sus desafíos más urgentes: un problema de seguridad que, además de preocupar a la ciudadanía, se expresa en el avance del crimen organizado y en delitos cada vez más violentos.

Frente a este escenario, abundan los anuncios rimbombantes que prometen soluciones inmediatas y simplificadas a problemas que son complejos y multicausales. La experiencia comparada es clara: no bastan más cárceles ni más mano dura; se requiere fortalecer las instituciones, prevenir de manera eficaz y diseñar políticas públicas serias y basadas en evidencia.

En este contexto, resulta relevante que el programa de la candidata Jeannette Jara ponga sobre la mesa un problema crucial: la necesidad de reducir el poder de fuego de la delincuencia mediante una institucionalidad estatal capaz de aumentar incautaciones, decomisos y destrucción de armamento, así como de identificar patrones de tráfico ilegal.

Para ello se propone la creación de una Agencia Nacional de Control de Armas (ANCA), una institución civil, técnica y especializada, destinada a reemplazar a la actual Dirección General de Movilización Nacional y a articular de manera coherente el trabajo de todas las entidades involucradas en el control de armas y municiones.

La evidencia internacional avala este camino. Países como Canadá o Australia han logrado disminuir de manera significativa la violencia armada gracias a organismos especializados en trazabilidad y fiscalización estricta.

En Chile, avanzar hacia una institucionalidad de este tipo no solo fortalece la transparencia y la eficiencia, sino que también permite enfrentar al crimen organizado desde su raíz: interrumpiendo su cadena de suministros y herramientas.

La propuesta de reforma a la institucionalidad chilena de control de armas se inscribe en una discusión más amplia donde han participado diversos actores, pero fue desarrollada específicamente en los Instrumentos de Transformación en seguridad pública de Rumbo Colectivo, que dieron forma a la propuesta de una Agencia Nacional de Control de Armas, contribuyendo a enriquecer el debate en torno a soluciones institucionales frente al problema de las armas, lo que refleja un esfuerzo colectivo por acercar ideas técnicas al debate político.

En tiempos en que proliferan propuestas efectistas, la creación de la ANCA se erige como un ejemplo de política pública seria, diseñada con diagnóstico riguroso y mirada de largo plazo. La seguridad ciudadana no admite atajos: si queremos un Chile más seguro, debemos construir instituciones sólidas y consensos políticos capaces de sostener las transformaciones en el tiempo.

Por Carla Sepúlveda, presidenta de Rumbo Colectivo