Costos regulatorios y reactivación económica

Existe consenso en que los impactos económicos de la crisis sanitaria generada por el covid-19 serán de una magnitud pocas veces vista, tanto a nivel local como global.

A propósito de ello, los diversos gobiernos se han embarcado en planes de reactivación económica para paliar los efectos inmediatos de este fenómeno. Chile no ha sido la excepción, con iniciativas enfocadas en la protección del empleo y los ingresos laborales, por un lado, y con medidas para otorgar liquidez al sistema productivo, por el otro.

Sin embargo, los desafíos se extenderán más allá de esta primera etapa, y en los próximos meses deberemos enfrentarnos a la tarea de repotenciar una economía decaída.

El Estado cumple un importante rol al respecto, a propósito de diversas regulaciones que indicen en el desarrollo de actividades económicas, sea en la forma de permisos necesarios para iniciar un proyecto o actividad, o estableciendo condiciones de funcionamiento en su etapa de operación.

El tiempo, costos e inversiones requeridos para obtener dichos permisos y dar cumplimiento a tal normativa constituye uno de los principales costos que toda empresa debe enfrentar, independiente de su tamaño.

Si bien es cierto que se trata de regulaciones que cumplen un fin relevante y cuya existencia generalmente es necesaria, no lo es menos el que existen numerosos espacios donde se puede avanzar en hacerlas más eficientes.

Un ejercicio en este sentido debiese tener en consideración, al menos, los siguientes aspectos:

En primer lugar, deben analizarse las regulaciones en forma individual, determinando si cumplen los objetivos tenidos a la vista para su dictación, generando los menores costos posibles a la sociedad. Existen diversas normativas -el sector sanitario es buen ejemplo de ello- que requieren el otorgamiento de permisos previos para desarrollar actividades económicas de diversos tamaños y sectores y que demandan importantes recursos para su tramitación (en 2017, la Seremi de Salud de la RM procesó más de 123 mil trámites). Rediseñarlas, incorporando umbrales que focalicen el requerimiento de permisos en aquellas actividades con niveles relevantes de riesgo permitiría, por un lado, evaluaciones de mejor calidad y en menor plazo, y por el otro, reasignar recursos para potenciar labores de fiscalización con miras a controlar de mejor manera el cumplimiento de la normativa.

En segundo lugar, se debe considerar que las regulaciones y permisos son parte de un sistema interrelacionado, por lo que una intervención adecuada requiere de una mirada de todo el proceso. A modo de ejemplo, puede señalarse que el nivel de especificidad y rigidez de las condiciones contenidas en una resolución de calificación ambiental hace que eventuales ajustes a propósito del otorgamiento de permisos sectoriales puedan requerir una nueva evaluación ambiental del proyecto, lo que demandará importantes recursos, no solo del titular del proyecto, sino también de todos los servicios públicos involucrados. Ello podría evitarse dotando de mayores grados de flexibilidad a los compromisos ambientales contenidos en la RCA -no en cuanto a su alcance- pero si en respecto a las vías para lograrlo. Cualquier esfuerzo de mejora regulatoria debe asumir que de poco sirve contar con regulaciones que aisladamente funcionan de manera eficiente, si, en su conjunto, el sistema no lo hace.

Finalmente, no debe olvidarse el rol fundamental que las capacidades de los propios servicios públicos juegan a la hora de hacer más o menos eficiente el proceso, tanto de otorgamiento como de fiscalización de las regulaciones aplicables. Dotarlos con adecuados procesos y recursos, tanto humanos como materiales, es esencial para potenciar este tipo de iniciativas.

Definir y priorizar intervenciones, tomando en consideración los aspectos antes señalados, son un buen punto de partida para definir una estrategia que busque disminuir costos regulatorios con miras, no solo a facilitar un proceso de reactivación económica, sino a colaborar a un ambiente regulatorio sostenible que otorgue grados adecuados de protección a la sociedad con reglas claras y estables para el desarrollo de inversiones.

El autor es Director Jurídico Comisión Nacional de Productividad