Crisis policial

La crisis que enfrentamos tiene múltiples dimensiones; una de ellas está constituida por lo que podríamos caracterizar como una crisis policial. La expresión concreta de esta crisis se traduce en que Carabineros no parece estar contribuyendo apropiadamente a la solución de los problemas. Podríamos decir que sus desafíos principales son dos: combatir la violencia que ha surgido en torno a las manifestaciones, y respetar y proteger los derechos de los ciudadanos. Lejos de eso, la policía hasta ahora no ha sido capaz de prevenir la violencia o identificar a los violentistas para conducirlos ante la justicia y, por otro lado, ha provocado un gran volumen de atentados contra manifestantes y no manifestantes, los que han contribuido a enardecer la protesta y a deslegitimar al ya cuestionado sistema institucional.

Las causas de este problema son de larga data. Solo recordemos que el actual gobierno asumió en medio de una crisis policial derivada de un extendido fraude, cuyos alcances aún no es posible determinar, y por la escandalosa operación Huracán. Aparentemente, el gobierno creyó ingenuamente que descabezando dos veces a la institución y con una purga de generales solucionaba el problema. Pero las cosas no son tan sencillas; pensemos solo en el efecto de desmotivación y los sentimientos de frustración que esos hechos pueden haber generado en los carabineros de la base, y de allí a conductas disfuncionales no hay más que un paso.

También viene de muy atrás la mala relación que la policía tiene con los sectores populares.

Están muy lejos los tiempos en que los policías eran respetados solo por su pertenecía a una institución estatal y por una formación muy superior a la media de un país generalizadamente pobre y con baja escolaridad. Hoy, gran parte de la población joven iguala o supera en educación a los agentes policiales y tiene una expectativa de trato que no se satisface con un tosco autoritarismo que pudo ser benigno en tiempos anteriores, pero que hoy solo genera roces y desgaste. Es muy probable que esa mala relación haya sido profundizada en los años recientes por la absurda estrategia de aumentar exponencialmente la práctica de controles de identidad, los que se han sumado a la lista de malos tratos de los que la ciudadanía se siente objeto.

Podríamos seguir identificando las causas de la crisis, el problema es que todas ellas solo tienen solución en el largo plazo.

¿Se puede hacer algo en la coyuntura? Sin duda, pero ello requiere un involucramiento del gobierno, ojalá respaldado por un acuerdo con la oposición, en la definición, evaluación y seguimiento directo de las estrategias policiales.

En mi opinión, se requeriría formar un equipo civil muy sólido de control del trabajo policial, probablemente con alguna asesoría internacional, donde además se integren líderes internos innovadores. Este equipo debe poder definir objetivos claros y estrategias bien elaboradas para conseguirlos y debe también poder monitorear de cerca su cumplimiento.

Entre estos objetivos, creo que los prioritarios deben ser el de impedir la impunidad de las conductas violentas que convoca a su reproducción y, al mismo tiempo, comenzar a establecer una relación de respecto y servicio con la gran mayoría de los ciudadanos chilenos que hoy se sienten maltratados por el Estado.

La política y la élite en general nunca le han otorgado mayor importancia a la policía. Grave miopía, dado que como estamos viéndolo hoy se trata de la pieza clave en el funcionamiento de la democracia.