Cuando importan más las clasificaciones de riesgo que las personas

Por Andrés Palma, economista y miembro del Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible

El gobierno ha llamado a constituir mesas de trabajo para alcanzar un acuerdo nacional, ante la dramática evolución de la pandemia del coronavirus. Es un llamado de emergencia, urgido por la realidad, más de tres meses después de iniciados los contagios masivos en el país. Hasta antes de esta convocatoria, los intentos asociados a mesas técnicas y sociales para abordar nacionalmente, y no partidistamente, la estrategia sanitaria y social habían fracasado, por lo que varios actores han considerado como irrelevancia del trabajo de esas comisiones, lo que incluso motivó el retiro de varios de ellos.

Todos deseamos que no ocurra lo mismo con ocasión de esta nueva convocatoria, pero para que así sea, el gobierno tiene que cambiar sus prioridades de atención y, en lugar de preocuparse por lo que digan las clasificadoras de riesgo, centrarse en las personas. Desde el punto de vista sanitario, esto significa que hay que guardar prolongadas cuarentenas preventivas, tal como se ha decretado para Santiago, y para que ello sea posible no basta entregar una caja de mercadería por una vez y con demora, es necesario garantizar a las familias su subsistencia por ese largo período necesario de confinamiento. Esto no se está haciendo.

Es claro que la pandemia no está controlada y, especialmente en la Región Metropolitana, se ha actuado erradamente, por no decir con negligencia. A la vez, estamos ya en recesión, con un incremento insostenible del desempleo y, según muchas autoridades locales, del hambre en muchos hogares. Ante ello, el actuar del gobierno ha sido débil y tardío.

En los últimos días, un grupo de economistas convocados por el Colegio Médico y otro de académicos de las universidades de Chile y Católica se han sumado al llamado del Foro para el desarrollo Justo y Sostenible en orden a incrementar el gasto fiscal y el monto, cobertura y duración del Ingreso familiar de Emergencia. Esto es urgente y debe ser el primer acuerdo del diálogo que se instala. Inclusive exautoridades del gobierno se han sumado a este llamado, ya que se sabe que, en períodos de recesión, el gasto del gobierno es el instrumento que permite aminorar sus efectos e impulsar la recuperación.

El gobierno, preocupado de lo que dirán las clasificadoras de riesgo, ha tomado medidas contradictorias en relación con la crisis. Por lo pronto, su esfuerzo fiscal para este año, hasta ahora, es del orden de solo el 1,5% del PIB. Y, en una de las decisiones más absurdas, ha definido una reasignación de recursos dentro del presupuesto en que limita el esfuerzo de inversión pública en más de US$ 1.270 millones, afectando principalmente al MOP, Vivienda y los gobiernos regionales, y reduciendo, por esa menor inversión, la creación de empleos.

Hemos dicho, y así también lo han reiterados los informes del Foro, el Colegio Médico y las universidades, que aún queda mucho espacio para el esfuerzo fiscal y que el gobierno no tiene problema de acceso a recursos, dispone de fondos soberanos y que puede endeudarse a tasas históricamente bajas. Resulta un contrasentido que no lo haga, que le importe más la opinión de las clasificadoras de riesgo que la superación de la crisis.

Aunque el gobierno tiene conciencia de que el gasto es necesario para aminorar la recesión e impulsar la reconstrucción posterior, no ha mostrado tener conciencia de la magnitud de la crisis sanitaria, social y económica que se está viviendo, tal como recientes declaraciones del ministro de Salud lo revelaron. El equilibrio de las finanzas públicas es importante, pero más importante es hacer que las personas sobrevivan, puedan guardar cuarentena y, luego de superada la crisis sanitaria, recuperen sus empleos. Ello solo podrá ocurrir si junto a mejorar el IFE se atiende con presteza a las empresas que están quebrando, y se incrementa la inversión pública. La crisis está destruyendo también mucha capacidad productiva, lo que redundará en una prolongación de sus efectos.

En economía, como en salud, lo que no se hace a tiempo tiene costos, y estar hoy más preocupados de los indicadores de riesgo que de la situación de las personas es muy irresponsable, aunque digan lo contrario. Como Chile ya demostró al retornar a la democracia, un gran déficit puede ser resuelto con políticas adecuadas, pero una crisis social tiene efectos prolongados en la vida de las personas y en la estructura social.