Codelco se querelló por un presunto fraude en los procesos de contratación de seguros de vida para los trabajadores entre el año 2007 y 2018, que habría generado un perjuicio a la estatal por más de US$ 20 millones a raíz de sobreprecios injustificados -un 68% sobre los precios de mercado- a cuyo pago concurrían los trabajadores y la empresa, y que afectaría a las divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic. La operación además habría implicado pagos irregulares a dos de los sindicatos que significaron montos de US$ 920 mil y US$ 1,69 millones respectivamente, y se descubrió luego de una denuncia anónima que derivó en una investigación realizada por Cochilco.

El caso se suma a la querella criminal que la empresa presentó en contra del anterior presidente ejecutivo, acusándolo del delito de tráfico de influencia al supuestamente valerse de su cargo para beneficiar a una empresa ligada a su hijo. Anteriormente se había acreditado un perjuicio para el Estado por más de $ 90 mil millones, debido a un grueso error de cálculo en relación a un movimiento de material en la División El Salvador, lo que fue motivo de pronunciamiento de una comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la cual estableció responsabilidades políticas y administrativas.

Este conjunto de irregularidades vuelve a poner de relieve las debilidades en el control y fiscalización en los distintos procesos de la minera, lo que demanda cambios en profundidad para asegurar que una empresa de este tamaño reduzca los riesgos de maniobras fraudulentas o sea objeto de prácticas de nepotismo, riesgo este último sobre el cual ya había advertido la Contraloría. Es también un hecho ciertamente preocupante que en el reciente escándalo aparezcan comprometidos sindicatos de la estatal.

Bajo la norma actual es la Comisión Chilena del Cobre (Cochiclo) la que ejerce la principal labor de fiscalización, rol que ha sido cuestionado en diversas oportunidades, ya sea porque la entidad no parece tener la suficiente independencia de Codelco, o bien porque no ha sido capaz de detectar a tiempo algunas de las irregularidades conocidas. El propio Ministerio de Minería había reprochado a Cochilco por una fiscalización insuficiente.

Puesto que se ha tomado la decisión de mantener a Codelco como una empresa íntegramente estatal, el Estado expresamente ha tomado el riesgo de renunciar a la posibilidad de que privados también puedan revisar o controlar la gestión de la empresa, lo que naturalmente aumenta significativamente el riesgo de que los recursos públicos puedan dilapidarse.

Parece haber coincidencia sobre la necesidad de un cambio en el modelo de fiscalización, donde esta función no solo quede reservada a Cochilco, sino también se dote a la Contraloría de mayores facultades, no distinto a lo que ocurre en el resto de las empresas públicas. En agosto del año pasado el gobierno anunció que enviaría un proyecto de ley para reformar el sistema, proceso que no parece estar avanzando a la velocidad requerida.