Curva de aprendizaje



Por Juan Ignacio Brito, periodista

Aquello de que al gobierno no se llega a aprender no corre para las actuales autoridades. La mayoría de los chilenos eligió a un Ejecutivo inexperto y las consecuencias de esa decisión se están dejando ver por estos días, en especial en un tema sensible como la seguridad ciudadana.

Los rebeldes de ayer empiezan a descubrir que otra cosa es con guitarra. Para que su aprendizaje no sea tan costoso, es necesario que revisen con rapidez el discurso, la acción y la convicción. Lo primero, por supuesto, es realizar un diagnóstico acertado. Sin éste, no habrá solución posible.

Un diputado frenteamplista ha propuesto que su generación “tiene un problema con Twitter”. Este consiste en que se ve impelida a condenar con rapidez un hecho que le parece censurable para no sentirse cómplice del mismo, pese a no contar con los antecedentes para formarse una opinión. ¿La solución? Ser “extremadamente cuidadosos” a la hora de emitir juicios a través de las redes sociales. La recomendación tiene sentido: todo adulto responsable sabe que siempre es mejor contar hasta diez antes de calificar y evaluar situaciones y personas, más todavía si ocupa posiciones de influencia.

Sin embargo, es dudoso que ese sea realmente el problema de fondo que enfrenta la generación que ha llegado al poder. Lo que las autoridades deben replantearse no es solo cómo utilizar sus cuentas en Twitter o Instagram, sino cuál es su postura frente al legítimo uso de la fuerza por parte de agentes del Estado cuando existen severos desórdenes que involucran la comisión de delitos.

Cambiar la forma de operar en las redes sociales debería ser sencillo. No lo es, sin embargo, que una generación que adquirió protagonismo gracias a las protestas y la ambigüedad frente a la violencia cuestione sinceramente sus convicciones acerca de, por ejemplo, el rol de Carabineros, recurrir a la Ley de Seguridad del Estado y otras piezas legislativas vinculadas a la preservación del orden público, la legitimidad del recurso de la fuerza y el castigo a quienes actúan de manera violenta en el marco de protestas. Ese, y no otro, es el dilema que enfrenta La Moneda, desde el Presidente de la República para abajo.

Si desea evitar que el problema se le vaya de las manos, el gobierno habrá de comprender que es urgente inclinarse en favor de preservar el orden público, pese a los costos que pagará por ello entre sus adherentes. Eso supondrá transformar no solo el discurso, como aparentemente ha comenzado a hacer la ministra del Interior al hablar ahora de “nuestros carabineros”; sobre todo, requerirá también una genuina conversión, para que el maquillaje no termine corriéndose. Algunos acusarán traición. Es preferible pensar que ahí habrá un auténtico e imprescindible aprendizaje.

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