Debate global por patentes de vacunas

La intención de EE.UU. y otros países de liberalizar las patentes de aquellas vacunas exitosas contra el Covid-19 no solo supone una grave amenaza para la sostenibilidad e innovación en la industria farmacéutica, sino que además es improbable que aumente la producción de dosis.



El Presidente de Estados Unidos, John Biden, ha resuelto apoyar la iniciativa de algunos miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para suspender las patentes que protegen los derechos comerciales de aquellas compañías que han logrado vacunas exitosas para el Covid. El objetivo de permitir la copia de las vacunas sería acelerar su producción para llegar más rápidamente sobre todo a la población de países pobres, que hoy está lejos de recibirla.

Las empresas farmacéuticas, y un grupo de naciones avanzadas que deberían plegarse a esta iniciativa para lograr el consenso que requiere la OMC para concretar la suspensión de las patentes sobre las vacunas para el Covid, discrepan de la propuesta por consideraciones sobre sus efectos de corto y largo plazo. Aducen que las compañías que han logrado la autorización para sus vacunas están produciendo ya a un elevado ritmo, incorporando en consorcios a tantos laboratorios como les ha resultado factible habida cuenta de la necesidad de asegurar la calidad de los asociados.

Dado esto, indican, las limitaciones que subsisten para producir aún más vacunas son las que derivan de falta de laboratorios confiables y de la escasez de insumos especializados, situaciones que no van a ser superadas suspendiendo las patentes. Hacen notar que, en estas circunstancias, al suspenderse las patentes y permitir que laboratorios menos probados compitan por esos insumos escasos, la producción total de vacunas no aumentaría, pero la entrada al mercado de una parte de ellas se retrasaría por tener que someterse a pruebas de calidad.

Mirando al largo plazo, la discusión en torno a la suspensión de las patentes sobre las vacunas para el Covid releva una vez más la argumentación en favor de un régimen de incentivos -en el que empresas privadas, con fines de lucro, compiten por generar productos de valor para la población- frente al enfoque “progresista” que descansa en intervención estatal, típicamente por consideraciones distributivas o de poder para el Estado, y que debilita el rol de la propiedad privada y de los incentivos en la generación de innovaciones y producción eficiente. Desde esta perspectiva sistémica, quienes desconfían del enfoque socializante, anticipan que la suspensión de patentes va a restar esfuerzos de investigación y desarrollo en la industria farmacéutica privada; temen que el debilitamiento del régimen de patentes para los productos farmacéuticos -que ha sido fundamental para el gran avance tecnológico en esta área y que hoy permite confiar en que en plazos aceptables se habrá acotado el impacto de la actual pandemia- va a perder capacidad de respuesta ante mutaciones de este mismo virus o la aparición de nuevos patógenos.

La inclinación de Biden y, se sospecha, su interés en mayor aceptación para Estados en su competencia con China, ha levantado una grave amenaza para la sostenibilidad del ritmo de progreso en la industria farmacéutica. Chile se está beneficiando de la efectividad del régimen de patentes para inducir tecnología farmacéutica y, con visión de largo plazo, debería apoyar la preservación del sistema productivo al que debe su esperanza de superar la actual crisis.

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