Defensoría Ciudadana

SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno incluyó en su listado de medidas para enfrentar la crisis de inseguridad la defensa gratuita para víctimas de homicidios y violaciones condicionada a la aprobación de la reforma tributaria. Es decir, las víctimas de incendios, robos, lesiones, entre otros delitos, no tendrían derecho a defensa jurídica gratuita.

Urge la creación del “defensor ciudadano”, concebido desde un principio para la representación jurídica de las víctimas de delitos en general. Constituye una falta de criterio establecer diferencias arbitrarias en el trato que deben dar el Estado y sus organismos a las víctimas, sobre todo cuando sabemos que a la fecha cuentan con menos herramientas que los delincuentes a la hora de resguardar sus derechos y garantías en procesos penales.

Una Defensoría Ciudadana debería costarle al Estado más o menos lo mismo que nos cuesta la Defensoría Penal Pública. Esta última tiene un presupuesto aproximado de US$ 83 millones anuales, por lo que, por ejemplo, si lográramos evitar la evasión al Transantiago, que asciende a US$ 120 millones anuales (Louis de Grange, La Tercera 2023), pagados por el Estado vía subsidio, podríamos perfectamente financiarla sin necesidad de cargarle más la mano a los chilenos.

Por esto, la propuesta del gobierno puede tener dos explicaciones: la obsesión de seguir aumentando el tamaño del Estado o una forma de seguir dejando a las víctimas en el olvido. Hay que cambiar el criterio y las prioridades.

Paz Charpentier Rajcevich

Directora ejecutiva Juntos +Libres, Biobío