Déficit de vitamina “I”

Los Ministros Gonzalo Blumel, Cristián Monckeberg y el Intendente Metropolitano Felipe Guevara quien camina con una caja, durante entrega de cajas de alimentos para su distribución entre familias de la comuna de Independencia. Fotos: JOSÉ FRANCISCO ZUÑIGA/ AGENCIAUNO



Por Mario Waissbluth, Centro de Sistemas Públicos U. de Chile

Hay controversia con las cajas de alimentos. Difícil estar en contra…, hasta que las dificultades logísticas asomaron la nariz en la cadena que va desde la compra, a producción, acopio, embalaje, transporte y asignación individual…, hasta la distribución final evitando aglomeraciones. Sin contar con la pérdida de oportunidad para los negocios locales, cuyos dueños también están sufriendo.

Este es el problema más grave del Estado: el superávit de políticas públicas y el déficit en su implementación, o déficit de vitamina “I”. Se diseñan leyes, presupuestos, inversiones o programas con loable intención, pero que, desde el momento de su gestación, aprobación o desarrollo, no contemplan consideraciones por la factibilidad de su implementación y sus riesgos colaterales. Resultado: atrasos, despilfarros, poca agregación de valor público, molestias ciudadanas, y daños políticos de magnitud.

El ejemplo emblemático fue el Transantiago. Era imprescindible, las micros amarillas no daban para más. Pero la montaña de errores y omisiones de implementación condujo a una catástrofe. La Subvención Preferencial del 2008 fue otra brillante política pro equidad en la educación, que se convirtió en una jungla burocrática insoportable para los directivos escolares hasta hoy. Ahora se propone el Presupuesto Base Cero, impecable como mecanismo, pero cuyas dificultades de implementación y gestión del cambio no han comenzado a apreciarse.

En suma, son escasos los ejemplos en que una política fue bien diseñada, legislada, e implementada de manera expedita y eficaz, es decir, sin “costuras” ni tropiezos, así como post evaluada positivamente en el corto y largo plazo.

Una primera razón es que, en general, las decisiones de policy son adoptadas por politics, dedicados al politicking, cuya orientación primaria es al aplauso inmediato, y muy poco al impacto social de sus decisiones. Nunca se les exige una rendición final de cuentas a los ciudadanos. La segunda razón es la inveterada creencia en que los problemas se resuelven con más leyes, y con la creación de nuevas instituciones, programas, servicios y ministerios, pero rara vez mejorando la gestión y la coordinación; así como designando y manteniendo a los directivos adecuados en el momento oportuno.

Tal como a las leyes se les exige un informe financiero de Hacienda, se les debiera exigir otro informe: de implementación, riesgos y gestión. Prosaico pero potente. Otra solución estructural sería la que propuso la Comisión Ferreiro 2005, e insistió la Comisión Engel 2015: una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, con autonomía plena para evaluar leyes, programas, y servicios, desde su gestación y aprobación legislativa, hasta su impacto final. Si los gobiernos y parlamentarios supieran que en cualquier momento les cae encima esta “contraloría de implementación e impacto”, otro gallo cantaría. Tal vez por eso no se ha legislado.

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