Derechos humanos y pandemia

Por Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Desde el inicio de la pandemia del Covid-19, la CIDH viene respondiendo a través de todos sus mecanismos para velar por la protección de los derechos humanos en el contexto de la crisis sanitaria, particularmente de las personas y colectivos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad o que enfrentan un mayor riesgo de discriminación.

En este contexto, la CIDH ha adoptado diversas resoluciones, urgiendo a los Estados a asegurar un enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia y sus consecuencias, incluyendo los planes para la contención y recuperación social y económica que se formulen. La Comisión ha hecho un llamado a los Estados a garantizar a toda persona el derecho a la atención de salud en condiciones de igualdad y no discriminación, a la privacidad y buen uso de sus datos personales, al acceso a la información de manera transparente y oportuna y a la debida protección de los derechos de las personas trabajadoras de la salud. Asimismo, ha manifestado la importancia de velar por el respeto al derecho al duelo y los ritos mortuorios de los familiares de los fallecidos, el acceso y valoración de la medicina ancestral de los pueblos indígenas y ha recordado a los Estados la urgencia de enfrentar la problemática de la brecha digital para asegurar el respeto del derecho a la educación, así como del derecho al trabajo en condiciones de excepción como esta.

Recientemente, la CIDH publicó recomendaciones con el fin de promover la distribución justa y equitativa de las vacunas. Estas deben ser consideradas un bien público mundial y regional, deben estar al alcance de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación, asegurando una distribución justa y equitativa y accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. La equidad debe ser el componente clave no solo entre países, sino también dentro de los países.

La pandemia ha obligado a los Estados de la región a tomar medidas de restricción para contener sus efectos. Entendiendo y compartiendo la necesidad de adoptar estas medidas, la CIDH ha estado vigilante para que ellas se ajusten a los estándares de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad que deben prevalecer en toda sociedad democrática y para que sus alcances se limiten al objetivo de salud pública que las motiva. Las limitaciones a los derechos de las personas exigen un rol activo e independiente de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular, de los poderes judiciales y legislativos.

Debemos estar atentos ante los desafíos que surjan en la post pandemia, principalmente aquellos que se deriven de los efectos económicos que la crisis provocará en una región que históricamente presenta altísimos niveles de pobreza, exclusión y desigualdad.