El desafío de la vulnerabilidad geosocial y la gestión del riesgo de desastres en campamentos

Esta columna fue escrita junto a Leila Juzam Investigadora de CIGIDEN.

El efecto de los desastres no se distribuye equitativamente en la sociedad. Por el contrario, tienden a intensificarse en los territorios y comunidades que ya son objeto de otras múltiples precariedades. Atender a la realidad de los asentamientos precarios es indispensable de cara a los desafíos de la gestión de riesgo de desastres, en contexto de cambio climático.

Según datos de TECHO-Chile, más de 40 mil familias viven en campamentos en Chile y la cifra va en aumento: el período 2011-2018 se registró un alza del 57% y, en algunas regiones nortinas, la situación es crítica. En la comuna de Antofagasta, el número de campamentos aumentó en un 443% entre 2011 y 2018. Ademas, por su ubicación en sitios aislados, irregulares o 'indeseados', los campamentos están fuertemente expuestos a riesgo de desastre. El 47% de las familias residentes en campamentos están expuestas a algún tipo de amenazas, como incendios forestales, inundaciones y aluviones. Las consecuencias del cambio climático solo aumentará esa vulnerabilidad. Los climas extremos, sequías y pestes, por nombrar algunas, afectarán con especial dureza a estos asentamientos caracterizados por la ausencia de servicios básicos e infraestructura crítica.

Lo fundamental es comprender que en los campamentos la exposición a desastres no solo se agudiza por la pobreza material de sus habitantes. Estos espacios están fuertemente feminizados, ya que la mujer tiene un rol central en la constitución de estos asentamientos, en la organización comunitaria y en la vida cotidiana. Por otro lado, acogen a la población migrante sin cabida en el sistema habitacional formal. Esta realidad es particularmente cierta en el norte del país, ya los campamentos en Iquique, Antofogasta y Copiapó son comunidades multiculturales. Según el Gobierno Regional en 2015, el 60% de la población de campamentos declara ser extranjera en Antofagasta. Para esta población migrante la precariedad es doblemente aguda, ya que a la pobreza socieconómica se suman los efectos del racismo y la xenofobia. Las mujeres migrantes, en este contexto, se convierten en un grupo crítico.

El efecto combinado de pobreza material, precariedad infraestructural, discriminación por género y racismo, sumado a la fuerte exposición a riesgo de desastres, hace de los campamentos una prioridad en política pública. En CIGIDEN, centro de investigación FONDAP, trabamos en comprender los desafíos de lo que llamamos "vulnerabilidad geo-social", o la emergente forma de precariedad que conecta los riesgos geoclimáticos a los socioeconómicos. Para avanzar en esta tarea, CIGIDEN comenzó un trabajo colaborativo junto a TECHO-Chile, para evitar que las emergencias precaricen aún más las condiciones de vida en los campamentos y aumenten su vulnerabilidad ante futuros eventos. En el marco de este trabajo conjunto nace el documento "Modelo de gestión del riesgo de desastres en campamentos", que busca entregar recomendaciones a los tomadores de decisiones respecto al desafío de la vulnerabilidad geo-social.

Estamos convencidos que este desafío requiere de un esfuerzo de política pública coordinado e intersectorial, que debe incluir a Onemi, Sernageomin y los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Desarrollo Social y Bienes Nacional. Al mismo tiempo, que incluir de manera sustantativa, a los propios vecinos y vecinas de estos asentamientos. Su conocimiento territorial y sus experiencias son cruciales para diseñar e implementar políticas que sean integrales, democráticas y participativas en la gestión del riesgo de desastres.