Desafíos para un país de montañas

Chile está en un proceso de cambios que dirigen la mirada hacia la montaña. Tras el llamado de las Naciones Unidas a formar parte de la Alianza para las Montañas en el 2002, la suscripción chilena en el 2007 y la creación del Comité para las Montañas en el 2014, Chile finalmente generó un borrador para una Política de Gestión Sustentable de las Montañas el 2016, que pasó por un proceso de consulta ciudadana y debiese estar ad portas de ser promulgado. Esperamos que esta política no sea una declaración de buenas intenciones y sea el marco que oriente la acción.

A la vez, este año comenzó con fuerza el proceso para crear una Ley de Acceso a las Montañas, liderado por el diputado Sebastián Torrealba, siendo el tercer proyecto de ley luego de dos que descansan archivados. Además, Fundación Plantae está elaborando un Catastro Nacional de Restricciones de Acceso a la Montaña  para poner en evidencia la situación actual sobre este tema, y múltiples organizaciones y personas que le están dando relevancia, como la reciente campaña "legalizala" de Acceso PanAm.

En un país donde el 63,7% del territorio es montañoso (FAO), la necesidad de contar con una sólida institucionalidad que regule su conservación, acceso y uso es urgente, además de nuevas instituciones e instancias participativas para apoyar su formulación e implementación, como un observatorio que nos permita comprender mejor estos territorios y sus ecosistemas, un instituto de montaña, y una mesa técnica publico privada en el Comité para las Montañas.

Pero una ley de acceso debe considerar la escasa cultura de montaña, que se manifiesta en situaciones como el reciente cierre de la zona de escalada en el Arrayán, entre otras. El deterioro ambiental en estos entornos y la falta de respeto entre las personas que acceden y hacen uso de estos espacios son un indicador de una deficiente educación que nos limita ser ciudadanos responsables e informados  y no nos permiten exigir un acceso totalmente libre a las montañas porque no estamos preparados. Por lo tanto, parece más adecuado pensar una ley que regule y mejore el acceso y que asigne, además, deberes a este derecho, a la vez que la política de montaña aborde la construcción de una cultura coherente con este deseo de acercarnos y disfrutar la naturaleza.

Como punto de partida en la mejora del acceso a los territorios de montaña, debemos potenciar lo que tenemos y donde ya se han dirigido esfuerzos, por ejemplo, las rutas patrimoniales y unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Al mismo tiempo, considerando, por un lado, abrir nuevos accesos y, por otro,  los problemas y presiones ambientales, parece lógico comenzar mejorando el ordenamiento territorial, que permitirá identificar lugares de interés que puedan soportar una capacidad de carga media alta para usarlos como sitios pilotos y así comenzar este proceso de apertura gradual, incluyendo educación ambiental, evaluando el comportamiento de los visitantes, las problemáticas que se generen, los recursos necesarios y definir la forma más adecuada para mejorar el acceso.

Somos un país de montañas, es hora de avanzar hacia una institucionalidad, educación y cultura adecuadas a nuestra realidad. Estamos en un momento crucial en este camino.