Educación y Constitución

La Constitución. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.



Mientras el país se encuentra en un momento constituyente que probablemente redefina las reglas constitucionales bajo las cuales vivimos en muchos ámbitos, la exministra de Educación Marcela Cubillos declaró un poco antes de renunciar “somos todos parte de un Gobierno cuyo proyecto de sociedad está representado por los valores de esta Constitución”. Sin embargo, creo que no hay mejor ejemplo de los impactos del dogmatismo de la Constitución del 80 que el sistema educativo chileno que profundiza los mecanismos de mercado desregulado en el sistema educativo, aumentando la segregación y reduciendo la calidad de la enseñanza a test estandarizados, entre otras consecuencias nefastas.

Con posterioridad a las movilizaciones sociales del 2006, el sistema educativo tuvo los primeros avances en dirección contraria a la expresada por la Constitución del 80. Se dictó la Ley General de Educación (LEGE 2010) que derogó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE 1990). Se creó también una nueva institucionalidad en materia de educación escolar como el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. Por otra parte, mediante la dictación de la Ley sobre Calidad y Equidad en la Educación, se incorporaron criterios de calidad en la selección de los directores de los establecimientos mediante el Sistema de Alta Dirección Pública. La Ley de Inclusión avanza un poco más en cuanto a la necesidad de establecimientos sin fines de lucro en escolar y mecanismos de selección no discriminadores en el sistema de educación (incluido el financiamiento compartido).

Ahora bien, la verdad es que esta lista larga de leyes no ha cambiado el desarrollo dogmático expresado en la Constitución del 80 tanto del derecho a la educación como de la libertad de enseñanza, la cual no ha experimentado el mismo avance, sobre todo, en la explicación del fundamento último de la obligación estatal de financiar la educación obligatoria y de fomentar la educación en todos sus niveles (Flores, 2015). Más aún, el actual gobierno llevaba una agenda de retrocesos en estos avances además de una agenda de criminalización de los jóvenes y deterioro aún mayor de la educación pública.

Aunque varios sienten que “el gobierno ha terminado” y, de hecho, la misma ministra ha renunciado a su cargo para hacer campaña por el rechazo a la idea de una Nueva Constitución, las responsabilidades del Ministerio de Educación no han terminado. Ahora bien, es necesario que el gobierno entienda que debe cambiar su rumbo, dado el momento constituyente. Sería un buen comienzo para el actual ministro que implementara con determinación las leyes que se dictaron en el gobierno anterior, como la ley que crea el Sistema de Educación Pública, entre otras.

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