El ministro del Trabajo ha puesto sobre la mesa una paradoja difícil de ignorar: Durante el último año de gobierno del presidente Gabriel Boric, el reajuste al sector público, contenido en la Ley 21.806, fue de solo un 2,0%, a partir de enero de 2026, pese a que el IPC acumulado en los últimos 12 meses fue de un 2,8%. Además, a partir del 1 de junio próximo, se otorgará un reajuste adicional de un 1,4%, por la inflación de los primeros cinco meses de este año. Sin embargo, en el primer trimestre de 2026, la variación del IPC ha sido de un 2,4%, a lo que habría que agregar lo correspondiente de abril y mayo, que se estima será de al menos un 2%. Sacando cuentas, el IPC acumulado en los últimos 12 meses, a junio del 2026, sería de aproximadamente un 7.2%, mientras que el reajuste total al sector público será de un 3.4%, en el mismo período. En concreto, en el último año de la administración del expresidente Boric, se acordó que a los empleados públicos se les rebajará sus ingresos en términos reales, en un 3.8%, al tener un reajuste por debajo de la variación del IPC. La decisión del exmandatario y de sus ministros de Hacienda y Trabajo respondió a un criterio de prudencia y realismo acorde a las cifras económicas del país.

Lo paradójico, es que los parlamentarios de izquierda que aprobaron ese reajuste hoy piden aumentar el ingreso mínimo bastante más arriba del 3.4% otorgado a los trabajadores del Estado. Entonces, ¿Es razonable que para fijar el monto del Ingreso Mínimo que pretende aplicarse al sector privado los parlamentarios de izquierda utilicen criterios diferentes al que el Estado usó para sus propios trabajadores?

No es razonable ni políticamente aceptable que cuando gobierna el Frente Amplio junto al Partido Comunista y el Partido Socialista invoque, como empleador, la responsabilidad fiscal, cuidar la caja, evitar comprometer el presupuesto, actuar con prudencia, para finalmente adecuar las remuneraciones de los funcionarios públicos a la realidad. Pero, cuando se trata de trabajadores y empresas privadas, los parlamentarios de esos mismos partidos políticos cambien radicalmente de criterio, y exijan un alza significativa en el sueldo mínimo, con la única diferencia que ese costo lo deberán asumir las empresas, mientras la situación económica del país no varía. Es evidente que de mantenerse un posición así, los políticos de la izquierda chilena demostrarían tener un doble estándar preocupante.

El sueldo mínimo tiene un rol social indiscutible, al elevar el piso compensatorio de quienes menos ganan, pero esa justificación no puede estar por sobre la realidad económica de los empleadores que además, han sufrido las consecuencias de una irresponsable administración del gobierno anterior. Subir el sueldo mínimo, más allá de lo razonable, supondría alejar más aún a los trabajadores informales de su reinserción laboral completa.

Es probable que las grandes compañías puedan absorber, al menos en parte, el golpe de un ingreso mínimo mayor al conveniente, pero las pequeñas y medianas empresas -que sostienen buena parte del empleo en Chile- ya enfrentan márgenes estrechos, y medidas como estas podría llevarlas a carecer de la sustentabilidad necesaria para seguir aportando a la economía nacional.

Las afirmaciones del ministro del Trabajo, que pretende que nuestras políticas de remuneraciones sean coherentes con la realidad, son propias de una autoridad responsable y prudente. El gran problema que tenemos como país es cómo nuestros representantes, dependiendo de si son gobierno u oposición, caen en un doble estándar que, tarde o temprano, se paga en una baja de confianza y legitimidad mientras que el costo real lo deben pagar siempre los mismos: las empresas que sostienen el empleo, los trabajadores que dependen directamente de ellas, y principalmente los informales que ven cada día más lejos la posibilidad de tener una inserción en la vida laboral del país.

Socio GNP Canales Abogados.