La directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro, Paulina Retamales, abordó esta jornada la tramitación del proyecto Escuelas Protegidas, así como su futura implementación en caso de ser aprobada.

En conversación con Radio ADN, y consultada sobre el proyecto -que está en el Senado para ser discutido- la directora ejecutiva expresó que la iniciativa llegaba a complementar las leyes ya existentes en el país en materia educativa.

Asimismo, y sobre las tomas y manifestaciones que se han llevado a cabo en el último tiempo en los establecimientos educacionales, la directora hizo la diferencia entre estos eventos y los hechos de violencia.

“Hoy día, hasta ahora, hemos iniciado las clases, ayer tuvimos una mesa también durante la tarde con los distintos centros de estudiantes, con la Seremi de Educación y con otras autoridades también para poder entender cuál justamente es el petitorio, cuáles son sus dudas e inquietudes que van en la línea de poder manifestar su inquietud respecto a lo que es el proyecto de ley de Escuelas Protegidas”, sostuvo sobre los estableicmientos.

El otro tema, indicó, que son los hechos de violencia, “allí ser súper claro: las escuelas, los liceos no pueden ser espacios donde se acoja la violencia, en donde se pone en riesgo a estudiantes y docentes”.

En esta línea, la directora expresó que para hacer frente a los hechos de violencia, con Aula Segura “se queda corta”, y por esto, la nueva ley de Escuelas Protegidas que está en trámite “es una iniciativa que complementa”.

“Hace poco se aprobó la Ley de Convivencia Escolar, y esta viene a complementar también esa iniciativa”, añadió.

Consultada sobre si a su parecer las propuestas que incluye el proyecto, como revisión de mochilas, indicó que “va en el camino” correcto, ya que además las medidas que entrega “son facultativas para los equipos y las comunidades educativas, no son mandatorias”.

En cuanto a si existiría una desproporcionalidad de la norma, ya que considera una la pérdida del beneficio de la gratuidad en la educación superior a alumnos que hayan tenido condenas, terminando a su vez con el principio de reinserción y del derecho a seguir educándose después de haber cometido una falta sancionada por la ley, Retamales apuntó a que

“Los servicios locales somos quienes tenemos que implementar todas las políticas públicas y las legislaciones que se van aprobando. Esta es una ley que está en discusión, recién para ser aprobada, y de ahí vienen todos los reglamentos que van a hacer zoom a cada una de las líneas que ahí se aborda, entregando las facultades a las comunidades educativas. Y yo creo que eso es muy importante de poner en valor, porque justamente le da la proporcionalidad a la realidad de cada comunidad educativa, porque son distintas”, expresó.

“Por mucho que uno trate de hablar de los liceos emblemáticos, el Instituto Nacional con el Liceo 1 son comunidades distintas, con necesidades, con demandas, con intereses distintos. Y cómo actúan también frente a las inquietudes que tienen los estudiantes, también actúan de manera distinta”, sostuvo. “Entonces, desde ahí, sin duda, es una oportunidad que entreguen las facultades a las comunidades educativas y eso resguarda que tengamos espacios de conversación y de diálogo que hoy día están regulados también y normados, como son los consejos escolares al interior de los establecimientos”.

Sobre este mismo punto, pero específicamente por revisión de mochilas, la directora indicó que apoyarán “a cada comunidad educativa en las materias que consideren que es oportuno para la realidad que ellos viven”.

“Si hay una comunidad que nos dice, ‘nosotros queremos avanzar en la revisión de mochilas’, esperaremos el reglamento para que eso ocurra”, afirmó. “Si hay una comunidad que nos dice, ‘a nosotros la verdad es que proporcionalmente no aplica’, perfecto, buscaremos otras de las medidas que están ahí”.