Este miércoles, tras presentar el proyecto de reforma tributaria, el ministro de Hacienda lanzó una de las frases más extraordinarias que haya dicho una alta autoridad de gobierno en Chile.

“La mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo”, dijo Jorge Quiroz.

No fue un lapsus, como acostumbran otras autoridades. La de Quiroz fue una definición de principios, dicha con énfasis y seguridad, al presentar una reforma que, según reconoce el informe financiero del proyecto, desfinancia al Estado por los próximos años.

Es tan extraordinaria porque rompe con un consenso que hemos tenido en las últimas cuatro décadas en Chile, y que comparten todas las democracias avanzadas del mundo: que parte del contrato social es la ejecución de una serie de políticas en beneficio de la población.

Hay un interminable debate, por cierto, sobre los contornos de esas políticas sociales. ¿Qué bienes deben ser provistos por el Estado, y cuáles en cambio pueden quedar en manos de privados? ¿Qué tan focalizada -o qué tan universal- debe ser esa red de protección? ¿Qué fracción del PIB de cada país debe invertirse en esas políticas?

Pero lo que no se discute (no se discutía, habrá que decir desde ahora) es que hay políticas sociales, aparte del empleo, que son un fin hacia el que queremos avanzar en nuestra sociedad.

Porque si tuviéramos pleno empleo (una meta relevante y deseable, por supuesto), aún necesitaríamos educación gratuita de calidad, para que los niños cuyos padres no pueden pagar un colegio no se queden atrás. Aún necesitaríamos salud pública, para que el derecho a la vida y al bienestar físico sea una garantía para todos y no solo un privilegio de algunos. Aún querríamos entregar seguridad a cargo de entidades públicas como Carabineros, pensiones dignas para todos, cuidados a la primera infancia, leyes laborales justas, transporte público de buen nivel, etcétera, etcétera.

Y no nos parece (o tal vez debemos decir “no nos parecía”) que una sociedad en que cada uno tuviera que rascarse por sus propias uñas, en que no hubiera protección ante la enfermedad, la miseria o la vejez, y en que la única garantía fuera tener empleo, era una utopía hacia la cual apuntar nuestros esfuerzos.

“Ojalá algún día sea la única”.

Pronto nos enteramos de que esta no era solo una declaración. Que había un plan en marcha.

Hacienda emitió oficios a todos los ministerios en que los insta a “descontinuar” 142 programas sociales y rebajar el presupuesto a otros 260, en un recorte que suma, vaya casualidad, 6 mil millones de dólares. Al fin aparece la cifra mágica de ahorro que el presidente Kast prometió en campaña.

Claro que entonces aseguró que se lograría sin tocar ningún beneficio social. Esa fue la promesa, repetida una y otra vez por el candidato, cuando todos los economistas serios, de todos los sectores políticos, advertían que cuadrar ese círculo era imposible.

Ahora, gracias al oficio de Hacienda, sabemos lo que significa cortar 6 mil millones de dólares.

Significa eliminar el Programa de Alimentación Escolar, que da de comer a cerca de 2 millones de niños y adolescentes chilenos de sectores vulnerables y comunas rurales, para muchos de los cuales es su ración alimenticia más importante del día.

También en Educación, significa suprimir planes como el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, la Beca de Apoyo Vocación Profesor, el Programa Nacional de Lectura y el de Reinserción Escolar, entre otros.

No “mejorar”. No “reformar”. No “modificar”. No: “descontinuar”.

La lista es asombrosa. En Salud, se plantea descontinuar 23 programas, entre ellos el fondo de farmacia, el de cuidados paliativos universales, la atención en salud para niños y adolescentes con vulneración de derechos, el control Niño y Niña Sano en colegios, la hospitalización domiciliaria, y el Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

Es una razzia contra los programas preventivos y de atención primaria, precisamente los que todos los especialistas señalan que representan un ahorro, al prevenir o atacar tempranamente enfermedades que luego serían de alto costo.

Podríamos seguir por páginas y páginas. En Seguridad, se acaba el Plan Calles sin Violencia; en Justicia, el Plan de Derechos Humanos; en Interior, el Fono Drogas y Alcohol…

La lista es tan amplia e indiscriminada, que generó conmoción política, oficialismo incluido. Algunos, como Evelyn Matthei, Jaime Mañalich y varios parlamentarios de gobierno, se han animado a hacer público su estupor.

En control de daños, el ministro Quiroz dijo que este oficio es sólo “una orientación”, y que “aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni de terminar ningún programa. Es un oficio, todavía no está el decreto en este gasto”.

“Todavía”.

“Ojalá algún día”.

Confío en que es impensable que se concrete este desguace de nuestra modesta red de protección social, que tendría efectos directos en la alimentación, la salud y el bienestar de millones de chilenos. Confío en que lo que hemos avanzado por décadas gracias a las verdaderas políticas de Estado pro-vida de nuestros niños (nutrición infantil, medicina preventiva, acompañamiento en salud), no se tirará a la basura.

Pero tampoco pensé que fuera posible que una intención como esta se declarara. Y ahí está, en un documento oficial, con firma y timbre del ministerio de Hacienda.

Y, aunque nos quieran hacer gaslighting, el oficio es claro. No pide mejorar, reformar o evaluar estos 142 planes. Sugiere “descontinuarlos”, y la cifra de 6 mil millones de dólares se alcanza con su eliminación, no con su mejora: se logra llevando la inversión en esas materias a $0.

Así se llega a esos 6 mil millones que se prometió que se alcanzarían por arte de magia, cortando solo grasa, apitutados y “parásitos” (a todo esto, el autor de esa frase ya aseguró sueldo fiscal por $8,9 millones mensuales).

Esto es lo que realmente cuesta cortar 6 mil millones de dólares.

¿Es eso lo que queremos (ojalá, algún día) para Chile?