Hace casi dos semanas, el Ministerio Público dio uno de los mayores golpes a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile, tras destapar una red de lavado de activos por $75 mil millones, que terminó con la formalización de 17 imputados por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.

Dos de ellos trabajaban para bancos locales, Santander y BancoEstado, aunque no utilizaron esos sistemas -a los que no tenían acceso necesario- para acometer sus delitos

El dinero, según ha dicho el equipo que encabeza el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, era movido en distintas cuentas bancarias para perder la trazabilidad y luego era transformado en criptomonedas, para su expatriación.

A los días se conoció que los bancos efectivamente habían enviado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de algunos de los sujetos involucrados en la denominada Operación Tokio, incluso hace dos años, y que la UAF, luego, envió esos datos al Ministerio Público.

Con más información pública del caso y sobre el rol que jugó la industria, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, decide hablar y afirma que este caso “muestra una realidad que no puede ser minimizada: La posibilidad de que organizaciones criminales busquen utilizar el sistema financiero formal y reclutar personas al interior de distintas instituciones es una situación grave y profundamente preocupante”.

¿Cómo evalúa lo que ocurrió y qué dice del estado actual del sistema financiero chileno?

-Lo ocurrido, que ciertamente es serio, no debe borrar el trabajo de más de 50 mil profesionales que han construido por décadas un sistema bancario robusto y serio, donde el valor de confianza y cuidado por los clientes ha sido lo principal.

Esta es una situación que nos impulsa a mejorar, que impulsa al sistema a mejorar, porque estamos frente a una gama de delitos que no conocíamos años atrás, y que, habiendo hecho esfuerzos de inversión y de dotación importantes, es necesario hacer una mirada del contexto, para ver si estamos actuando de la mejor forma como sistema de prevención de delitos.

¿Cuál es esa mirada que tiene del contexto?

-Primero, el concepto de cumplimiento, en términos de prevención de delitos y de financiamiento del terrorismo, es algo que parte en los 90 y que se aceleró después de la caída de las Torres Gemelas, pero ya estamos hablando de 25 años atrás.

Ser banco va muy de la mano con cumplir y hacer los mejores esfuerzos para tener un sistema sólido y que mantenga la confianza de las instituciones y las personas. Cincuenta años atrás bastaba con que se cumpliera con entregar los depósitos que se recibían, pero hoy día pasa necesariamente por una mirada hacia la sociedad, de que las fuerzas delictivas no sean parte del sistema financiero, y del bancario en particular.

Por eso, los esfuerzos están fuertemente centrados en esa línea de trabajo desde hace décadas, pero se ha ido acelerando cada vez más. Aquí hay hardware y software importantes; hay personas especializadas; hay políticas definidas por el directorio; hay procedimientos hechos por gerencias especializadas; hay centenares de personas en los bancos que están en el día a día con auditorías internas, con auditores externos, y además, con inspecciones de nuestro regulador. Lo señalo porque esto no es un tema menor: es un tema principal para los bancos. Y por eso esta mirada de reflexión, qué podemos mejorar como instituciones, pero además como sistema en general.

Agrego un punto adicional: hace 23 años, cuando nace la UAF, el nivel de transaccionalidad que había -depósitos, giros, transferencias, operaciones de cajas- era importante, pero no tiene ninguna relación con la actualidad. Hoy tenemos mil millones de transacciones al mes. Es una cifra descomunal, lejos la más alta en Latinoamérica. En algunos aspectos, comparable a un país desarrollado.

Eso es una muy buena noticia, porque significa que los servicios y productos bancarios están al alcance de la gran mayoría. Es ser parte del siglo XXI, pero debemos preguntarnos si nuestra legislación y el modo de atacar el problema de organizaciones delictuales, está acorde a la realidad que mencionaba.

¿Cree que está acorde?

-La ley plantea más bien acciones aisladas de las distintas institucionalidades. Los bancos y otras entidades que son sujetos obligados a reportar a la UAF, enviamos decenas de miles de ROS. La UAF posteriormente hace su análisis y envía un informe al Ministerio Público.

¿El esquema que está operando ahora es suficiente? Creo que hay que analizarlo. Hay países, incluso latinoamericanos, en donde los bancos, las instituciones financieras, conocen qué RUT fue informado. Hoy en Chile, si un banco envía una operación sospechosa de un empleado de otro banco, el banco donde trabaja ese empleado no sabe. Si el banco tiene un cliente X, y otro banco envía una operación sospechosa sobre ese mismo cliente, no sabe.

Mi punto es respecto de la separación que hay entre lo que se pide al mundo privado y las acciones del mundo público. Hoy podrían tenderse puentes para poder mejorar la capacidad de actuar, recibir feedback (de la UAF) para poder establecer acciones que cooperen al mundo público.

¿Qué puede hacer la banca para mejorar sus controles internos, siendo un actor clave en la lucha contra el crimen organizado, ya que cuenta con información que nadie más tiene?

-Hoy los bancos están conectados a bases de datos de personas naturales y jurídicas que están en listas negras a nivel internacional, pero principalmente a nivel nacional. Eso, dos o tres décadas atrás, cuando partió la UAF, no existía, era muy precario. Eso ha progresado mucho y hay que seguirlo reforzando, de manera de poder tener claridad de quién es la persona que pretende ser cliente. No estoy hablando de situaciones que sean inmutables, sino que son procesos en que somos conscientes que se pueden mejorar.

La segunda línea tiene que ver con cómo nuestro personal actúa, analiza y reporta a su jefatura casos específicos. Hay una línea fuerte de capacitación interna.

Hasta ahí llega el banco, a reportar (a la UAF), pero nos encantaría tener información adicional, y un plan de acción conjunto con las entidades públicas, de manera de poder pasar al tercer peldaño, que se me queda vacío. Porque no tenemos ninguna información que venga de vuelta, feedback, sobre en qué se debe actuar en la línea de poder cooperar.

¿En este caso específico de la Operación Tokio, cree que funcionaron los controles en los bancos y la UAF?

-La información que tengo es de prensa. Yo, como persona natural, no puedo conocer nada, porque es un delito. Inicialmente, supuestamente expertos, pero sin evidencia, hicieron afirmaciones taxativas, de que los bancos no habían reportado nada. El propio fiscal (Héctor) Barros ahora ha asegurado que en realidad hay reportes, que son muchos; y no de meses, sino de años. Al mismo tiempo, hemos sabido por declaraciones, que hubo un informe de la UAF entregado al Ministerio Público antes de la operación en Lampa. Uno diría que la información fluyó. Pero la pregunta es: ¿Podría haber fluido antes y mejor? ¿La posibilidad de compartir algo de información, ayudaría a una buena investigación? Yo creo que es un tema abierto. Nuestra invitación es a hacer esa reflexión.

Yo pensaría que la complejidad de las organizaciones delictuales hoy, que no tienen nada que ver con lo que eran 25 años atrás, y la extrema masividad de la transaccionalidad, y complejidad en algunos casos, da como para pensar que hay que hacer un análisis conjunto y reflexionar si las leyes son las adecuadas.

¿Hay algún sistema financiero en el mundo que esté inmune al crimen organizado?

-No hay ninguna sociedad inmune al crimen organizado. No hay ninguna industria inmune al crimen organizado. Y ni un solo sistema financiero está inmune. Esa es la gran problemática que tenemos.

Si en los años 2000 pensábamos que esto se radicaba solo en el sistema financiero, era una ilusión. Hoy no es así. La gran empresa. La pequeña empresa. El Tren de Aragua es un ejemplo, pero el gota a gota es otro ejemplo de crimen organizado. Y eso afecta al pequeño comercio.

Pero una cosa es que el crimen organizado y el Tren de Aragua operen a través de la industria financiera y otra distinta es que trabajen dentro de la misma industria. ¿Qué controles existen hoy y qué se puede mejorar?

-Más allá de la transaccionalidad que mencioné, hay controles sobre las personas que trabajan, sobre el comportamiento del empleado. Hay controles, que siempre han existido.

Sin embargo, cada vez son más difíciles cuando un empleado no demuestra ningún actuar de patrimonio diferente a su ingreso... Si yo gano $100, pero me compro un Maserati, es muy obvio. En ese caso se detecta y se encuentra un problema. Pero si ese empleado actúa normalmente... Me dicen que (el empleado de Santander en cuestión) en la tarde trabajaba de Uber, y vendía quesos entre los colegas. No teniendo ninguna demostración en su vestimenta, ni de su forma... Tenemos un problema.

Hoy día, la ley de protección de datos personales, por ejemplo, el cuidado de la información personal, el hecho de que los currículum tengan restricciones... yo creo que también hay otros valores que hay que cuidar. Y esa es la dificultad. Porque creo que eso está bien, hay una línea de actuar que tiene que ver con el cuidado de la propia persona. Si el problema es cómo discrimino entre uno y otro si no hay antecedentes.

Hoy, en las grandes empresas, entre el 5% y el 8% de la dotación son extranjeros. Y eso no es malo. Es el Chile actual. Hay empresas grandes donde la línea de mayor supervisión, de mayores atribuciones, tienen profesionales muy destacados que son extranjeros.

Los bancos hacen un cuidado muy cercano en aquellos empleados que tienen atribuciones. Las personas que se han nombrado por la prensa en esta investigación no tenían ningún grado de atribución. En términos de ejecutar acciones, por ejemplo, de transferir de cuentas de terceros, no tenían acceso a dar crédito. No tenían acceso a bases de datos de clientes.

En ese sentido, eran empleados, no ejecutivos. Me parece que la palabra que se ha usado en algunos medios, como ejecutivo bancario, es diferente a lo que yo al menos entiendo por ejecutivo. Son personas que son de soporte, que son importantes en la organización, pero no tienen claves relevantes para transacciones delicadas. Si yo fuera una empresa obligada a reportar (a la UAF) me ayudaría mucho saber si mis empleados han sido reportados por otra entidad.

¿Qué le dice el gremio a los chilenos que hoy piensan que la banca está siendo un canal para el crimen organizado?

-La banca tiene como objetivo principal mantener la confianza de sus clientes. Entre ellos, principalmente los depositantes. Esa palabra, mantener la confianza, el respeto mutuo, pasa hace ya décadas, por tener un cuidado y no tener delincuencia en niveles de acceso clave. En tener una trazabilidad de quién mira datos sensibles. Eso se tiene. La banca está cumpliendo las mejores prácticas internacionales para que esto no sea un problema para nuestros clientes.

Recién se conoció que hay una plataforma de criptomonedas del Tren de Aragua inscrita en la CMF y que reportaba a la UAF. ¿Quedaron mal establecidos los controles en la ley fintech?

-Un hecho de esta naturaleza, de confirmarse, también pone de relieve los desafíos de una adecuada implementación de la ley fintech (...) Es evidente que los criptoactivos y plataformas de transferencias presentan desafíos relevantes desde la perspectiva de la prevención del lavado de activos y requieren marcos de control acordes con esos riesgos.

En términos más amplios, esta investigación muestra la importancia de considerar a todos los actores del ecosistema financiero bajo estándares y capacidades de supervisión consistentes con la sensibilidad de las funciones que desempeñan. En ese contexto, resulta pertinente revisar y analizar si la ley del Sistema de Finanzas Abiertas consideró las capacidades regulatorias y fiscalizadoras necesarias para enfrentar adecuadamente estos nuevos desafíos.

¿Qué tanto ha penetrado el crimen organizado en las instituciones chilenas?

-El crimen organizado ha penetrado en nuestro país, y en primer término, ha penetrado al Estado, lamentablemente ha penetrado a las áreas de investigación y control que el Estado se ha definido, y seguramente también ha penetrado a muchos tipos de industrias del sector privado, no solo los bancos.

Yo creo que en una mirada de trayectoria en el tiempo, tenemos un problema. Chile no está exento de esto. No estamos libres, además, porque creo que no está puesto en la agenda con la fuerza que hoy día me alegro que esté colcándose, para poder remirarnos si estamos actuando bien.