El desafío de la justicia educacional en América Latina

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Por Javier González, Dante Castillo y Francisco Domínguez, SUMMA

La pandemia generada por el Covid-19 nos ha recordado, una vez más, que América Latina no solo es la región más desigual del mundo a nivel de la distribución de ingresos, sino que también a nivel de la distribución en las oportunidades de aprendizaje. Esto se explica tanto por la insuficiencia de recursos públicos, técnicos e institucionales para satisfacer las necesidades educativas de la región, como por la desigual distribución de posibilidades de acceso a procesos educativos de calidad, equitativos e inclusivos. Desigualdad socioeconómica y desigualdad en las oportunidades educativas son fenómenos que se asocian y que perpetúan un patrón que tiende a excluir a los sectores más desaventajados y vulnerables, ofreciéndoles condiciones de infraestructura, técnicas y pedagógicas inadecuadas para sus procesos de aprendizaje.

Más de 11 millones de niños, niñas y jóvenes se encuentran excluidos del sistema educativo, y uno de cada cinco jóvenes entre 15 y 24 años, no estudia ni trabaja (Unesco UIS). De estos jóvenes, más del 65% son mujeres (De Hoyos et al. 2016). Sin embargo, no basta con incluir los jóvenes al sistema educativo, pues entre aquellos que asisten a la escuela, un 51% no logra entender adecuadamente lo que lee (OCDE, 2019). Esto se debe a problemas de desigualdad y falta de adecuación a las necesidades de cada estudiante.

Por una parte, el acceso a recursos pedagógicos es desigual tanto entre países como al interior de estos: nueve de cada 10 estudiantes de escuelas rurales en Paraguay, Guatemala o Nicaragua no tienen acceso a Internet y más del 40% de los estudiantes de escuelas rurales de Perú, Colombia y Panamá no cuentan con acceso a agua potable (Terce, 2013).

Por otra parte, la escuela latinoamericana no está preparada para atender la gran diversidad de la población estudiantil, con sus necesidades, identidades y condiciones particulares. La mitad de los estudiantes migrantes son pobres (Terce, 2013) y los estudiantes con necesidades educativas especiales alcanzan, en promedio, tres años menos de escolaridad que el resto de sus compañeros (Unesco, 2018). A su vez, más del 60% de los estudiantes LGTBI+ en Chile, México y Perú son víctimas de bullying homofóbico (Cáceres et al. 2011).

El desafío al que se enfrentan nuestras sociedades no es otro que el de la justicia educacional. Este desafío remite a la capacidad de los sistemas educativos de ofrecer oportunidades efectivas para todos los grupos sociales, poniendo especial esfuerzo a reducir las brechas de aprendizaje ligadas al origen socioeconómico, género, origen étnico, orientación sexual o condición de discapacidad de los y las estudiantes. Avanzar hacia una igualdad de oportunidades efectiva bajo la mirada de la justicia educacional exigiría entonces pensar los programas y las políticas educativas, poniendo mayor atención y recursos en aquellos estudiantes menos aventajados.

Asimismo, atender decididamente a la heterogeneidad estudiantil supone ampliar la noción de justicia educacional, ya no solo respecto del ámbito distributivo (distribuir más entre los más desaventajados), sino que también en relación con el reconocimiento de la diversidad y la participación en las decisiones. Trabajar desde esta lógica implicaría, por ejemplo, avanzar hacia un currículum intercultural bilingüe, disminuir las brechas de aprendizaje entre hombres y mujeres en las disciplinas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), o bien incorporar elementos en la organización de la escuela que den mayor participación en las decisiones a aquellos grupos que históricamente han estado excluidos.

Es por esta razón que lanzamos la primera versión del Concurso de Innovación para la Justicia Educacional en América Latina, el cual busca identificar y reconocer soluciones novedosas que han mostrado ser efectivas en dar respuesta a las problemáticas prioritarias de los sistemas educativos de la región. Sabemos que existe una gran variedad de experiencias innovadoras en la región que trabajan cotidianamente en promover la justicia educacional por medio de nuevos modelos y soluciones. En ese sentido, esta iniciativa puede ser un espacio que permita promover la replicabilidad y escalamiento de dichas intervenciones educativas en la búsqueda de una mayor justicia social.

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