El gobierno de Trump ha intensificado peligrosamente sus tácticas de control migratorio, con el foco puesto en ciudades del interior. Dichas escaladas parecen diseñadas para provocar protestas y justificar respuestas severas, incluyendo el despliegue del Ejército para responder a las protestas contra las políticas del gobierno. Por primera vez en 60 años, un Presidente ha desplegado la Guardia Nacional a pesar de las objeciones de un gobernador del estado afectado. Dicho despliegue solo ha servido para exacerbar gravemente la situación y llevar a miles de personas a las calles, lo que ha provocado caos y un aumento, no una disminución, de la violencia.

Esta escalada no es un incidente aislado; debe considerarse en el contexto de las acciones de la administración para usar el poder del gobierno federal y castigar a personas e instituciones que no le agradan a la administración Trump.

Federalizar y desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles, alarmantemente a pesar de las objeciones del gobernador de California Gavin Newsom (demócrata), podría ir en contra de leyes de larga data como la Ley Posse Comitatus, que impiden que las Fuerzas Armadas sean utilizadas para la aplicación de la ley nacional excepto en las circunstancias más extremas.

La oficina del gobernador Newsom solicitó formalmente que la administración Trump rescindiera el “despliegue ilegal de tropas” en Los Ángeles y las devolviera a su mando, calificándolo de “grave violación de la soberanía estatal”.

La acción de Trump también pone en peligro a las tropas porque simplemente no están preparadas ni entrenadas para este tipo de misión.

Colocar a las Fuerzas Armadas en el centro de la agenda migratoria políticamente cargada de Trump tendrá graves repercusiones en la seguridad nacional y la preparación de Estados Unidos, y perjudicará las relaciones entre civiles y militares.

Las tácticas de control migratorio, cada vez más severas, empleadas por el gobierno son peligrosas. Muchas de las personas detenidas y deportadas carecen de antecedentes penales, y algunas de las deportadas se encontraban legalmente en el país. Al mismo tiempo, la misma intensificación de las actividades de control migratorio no se ha producido con la misma magnitud en estados o ciudades liderados por republicanos.

En los últimos meses, los estadounidenses -incluido un cuarto de los republicanos- han expresado su preocupación por el uso excesivo del poder presidencial por parte del presidente para lograr sus objetivos. También han indicado que el Congreso ha hecho muy poco para frenar estas acciones. El presidente Trump debe revocar de inmediato su orden de federalizar la Guardia Nacional y permitir que la policía estatal y local realice su trabajo.

Por Ben Olinsky, vicepresidente senior, Reforma Estructural y Gobernanza; Investigador Senior del Center for American Progress.