En una columna anterior abordé la caída sostenida de la fecundidad en Chile. A ello se suma un segundo fenómeno igualmente relevante: el rápido envejecimiento de la población, que transformará de manera profunda la estructura demográfica del país en las próximas décadas y que ya comienza a evidenciarse con claridad.

Según el INE, la esperanza de vida al nacer aumentó de 74,0 años en 1992 a 81,1 en 2024, es decir, 7,1 años en tres décadas. Este avance refleja mejoras acumuladas en acceso a agua potable, saneamiento, atención primaria, nutrición, reducción de la mortalidad infantil y tecnología médica. En ese sentido, hoy Chile exhibe niveles comparables a países europeos con el doble de ingreso per cápita, lo que da cuenta de un progreso significativo en condiciones de vida.

La brecha de género se mantiene: las mujeres viven en promedio 5 a 6 años más que los hombres (84 versus 79 años en 2024). Esto responde tanto a factores biológicos como conductuales, como mayor exposición a riesgos laborales, mayor prevalencia de tabaquismo y consumo de alcohol, y menor uso preventivo de servicios de salud entre hombres. Además, ellos muestran mayor vulnerabilidad frente a shocks sanitarios, como se evidenció durante la pandemia, lo que refuerza esta diferencia.

El Covid-19 provocó una caída transitoria en la esperanza de vida entre 2020 y 2022, la que fue revertida desde 2024. Sin embargo, más allá de este episodio, la tendencia de fondo es clara: el INE proyecta que la esperanza de vida superará los 88 años hacia 2070. La combinación de baja natalidad y mayor longevidad implica cambios profundos en la estructura de la población y, con ello, en la demanda por salud, cuidados y pensiones.

En este contexto, el envejecimiento será el cambio demográfico más determinante en el largo plazo. El índice de envejecimiento, que mide las personas de 65 o más años por cada 100 menores de 15, superaría 100 desde 2024. Para 2045, los mayores triplicarían a los menores de 15, y hacia 2070 la relación se acercaría a 600 por cada 100. Este cambio no es solo cuantitativo, sino que modifica de manera significativa la forma en que se organiza la sociedad y el funcionamiento de sus instituciones.

La estructura etaria está transitando desde una pirámide a una forma de tonel o incluso invertida, como ocurre hoy en países como Japón o Alemania. Lo distintivo en Chile es la velocidad de este proceso: mientras Francia tardó más de 150 años en duplicar su población mayor, Chile lo hará en menos de 30. Esta compresión reduce drásticamente el tiempo disponible para adaptar instituciones como el sistema de pensiones, la salud y los sistemas de cuidado, lo que constituye un desafío particularmente exigente.

Las implicancias son directas y crecientes. En pensiones, la razón de dependencia caerá, tensionando la sostenibilidad del sistema. Un esquema diseñado para expectativas de vida de 70 a 75 años enfrenta hoy jubilaciones que pueden extenderse por 20 a 25 años, generando un descalce entre ahorro acumulado y beneficios. En salud, aumentará la demanda por atención geriátrica y enfermedades crónicas, lo que requerirá adaptar la red asistencial y formar capital humano especializado. En cuidados, existe un déficit estructural de infraestructura y servicios que tomará décadas cerrar, lo que obliga a anticipar soluciones.

Pero el desafío no es solo fiscal o institucional. Es también social: lograr que las personas envejezcan en mejores condiciones de salud, con mayores posibilidades de participación laboral y con sistemas de protección que permitan sostener una vejez más larga y digna. La forma en que enfrentemos este proceso será determinante para el desarrollo futuro del país y para la calidad de vida de las próximas generaciones.

*El autor de la columna es decano de la Facultad de Economía y Administración UC