El financiamiento de los estudios superiores ha sido -en Chile y en el extranjero- un tema controversial. La educación universitaria genera ingresos para sus egresados, que tienden a ser apropiados mayoritariamente por ellos mismos. Ello implica que, en países con economías de mercado como la chilena, la educación universitaria debiera -en principio- ser financiada por sus estudiantes y ofrecida competitivamente por instituciones académicas autónomas.

Sin embargo y generalmente, los estados ofrecen -para igualar oportunidades- financiar parte de los costos de los estudios a estudiantes calificados provenientes de hogares de menores ingresos. En Chile y en las décadas recientes, este financiamiento estatal de la matrícula ha tomado la forma de gratuidad para los relativamente pocos estudiantes provenientes de familias de ingresos bajos, o de un crédito con aval del Estado (CAE) subsidiado, para los más numerosos de origen acomodado. Esta ayuda financiera del Estado contribuyó a igualar oportunidades a un costo de asignación de recursos no menor, pero sin afectar mayormente la autonomía académica de las instituciones de educación superior.

Pues bien, el esquema de financiamiento de los estudios superiores se tradujo en Chile en un aumento masivo del número de estudiantes y, eventualmente y para muchos, en remuneraciones muy por debajo de las esperadas, como también en altas tasas de mora del CAE. Tanto así, que el gobierno -además de proponer una condonación parcial de las deudas del CAE- está ahora propiciando que el Estado ofrezca gratuidad para aquellos estudiantes que provengan del 90 por ciento más bajo de ingresos de la población. Para financiar esa gratuidad, los egresados de educación superior estarían sujetos a un tributo sobre sus ingresos, acotado en monto y tiempo.

En los medios de comunicación se han debatido extensamente los posibles efectos negativos de la propuesta oficialista sobre las finanzas de las universidades privadas y como consecuencia, sobre la calidad de la educación superior. También se ha resaltado que, de acuerdo con la propuesta oficialista, una proporción de los estudiantes sujetos a gratuidad terminaría aportando al Fisco un monto mayor al costo de sus estudios, lo que parece injusto. Finalmente se ha advertido que, si bien la propuesta implica que en régimen el esquema es fiscalmente neutro, en la transición requeriría de financiamiento fiscal adicional.

Lo que no se ha destacado suficientemente es que -al contrario de lo que sucede con el actual sistema- la propuesta del gobierno atenta potencial, pero severamente, en contra de la autonomía académica, dado que el financiamiento de buena parte de la educación superior pasaría a depender directamente del Estado. Sabemos que el que pone la plata, pone la música.

Por Rolf Lüders, economista