Después de que la Comisión Mixta Especial de Presupuestos —integrada por senadores y diputados— rechazara casi la totalidad de las partidas del proyecto de Ley de Presupuestos 2026, el pasado miércoles, este fin de semana el ministro de Hacienda Nicolás Grau – en entrevista – indica que “pensé que eso no iba a ocurrir, pensé que era un bluff”, delatando que, su actuar en la negociación del presupuesto de la nación, es la de un jugador de póker, quien busca ganar una apuesta, y no la de un ministro de Hacienda, cuya función es la de explicar cómo se calcularon las partidas a quienes presentaron dudas sobre las mismas.

El ministro insiste declarando: “Yo honestamente todavía no tengo claro qué es lo que busca la oposición”, olvidando que el Congreso no es un buzón donde automáticamente los parlamentarios deben aceptar el presupuesto presentado, sino que es labor de los legisladores evaluar el presupuesto presentado por el gobierno, analizar sus supuestos y aprobarlo solo cuando existe certeza respecto del mismo y credibilidad en las cifras presentadas.

Pero certeza y credibilidad en las cifras está muy lejos de ser lo que ha generado el presupuesto presentado por el gobierno, y las razones son muchas.

De acuerdo a lo indicado por el Consejo Fiscal Autónomo, órgano transversal e independiente, en su informe presentado al Congreso, el gobierno se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural, además de plantear un presupuesto cuyos ingresos dependen —entre otros factores— de un supuesto de recaudación adicional de la Ley de Cumplimiento Tributario, que el gobierno estima en 1,47% del Producto Interno Bruto (PIB) en régimen, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en 0,5% del PIB.

Lo anterior, sumado a la historia de los presupuestos presentados por este gobierno al Congreso.

En efecto, desde el año 2006 y previo al 2023 (el presupuesto del año 2022 se tramitó en el gobierno del Presidente Piñera) solo en tres ocasiones los ingresos tributarios presentados en la ley de presupuesto fueron inferiores a los efectivamente recaudados: para la crisis mundial del año 2009; para el 2020, año de la pandemia; y para el 2019, año de la crisis social. En promedio, en el período 2006-2022, el promedio de subestimación de ingresos tributarios sobre la ejecución de los mismos fue de 1,4%.

A partir de 2023 (primer año en que este gobierno presentó una ley de presupuestos), todos los años los ingresos tributarios estimados han sido mayores a los efectivamente ejecutados, promediando una sobreestimación de ingresos de 5,4%.

Si a ello se agregan las noticias de subestimación de gastos, como por ejemplo el incluir en el presupuesto un nulo ajuste de salarios del sector público, cuando es por todos sabido que la probabilidad de que el reajuste del sector público sea nulo es igual a cero.

La pregunta que surge es: ¿Por qué el ministro Grau se niega a sincerar las cifras de ingresos y gastos del presupuesto?

¿Será porque el gobierno debería reconocer que su reforma tributaria será incapaz de recaudar lo prometido?

¿Será porque el gobierno debería reconocer que el gasto fiscal está descontrolado y, de seguir la tendencia actual, la deuda pública superaría el máximo de 45%?

¿Será porque el gobierno debería reconocer que después de cuatro años dejará un Estado quebrado y unos fondos soberanos vacíos?

La realidad es todas las alternativas anteriores.

Sincerar el presupuesto implicaría para el ministro Grau reconocer la incapacidad que demostró el actual gobierno en su función de administrar el Estado, dejando como único legado un Estado quebrado y una institucionalidad debilitada.

*La autora de la columna es académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián