Por Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura

Las protestas y exigencias de la agrupación “No+TAG” no se corresponden con la realidad que vive el país ni con las necesidades de infraestructura, ambientales y sociales a las que nos enfrentamos.

En efecto, la eliminación del TAG debiera afectar el uso de las autopistas concesionadas. De ser así, éstas dejarían de cobrar por las obras realizadas y por los servicios prestados, beneficiando principalmente a quienes tienen automóvil. El resto de los usuarios, como son los taxis, los microbuses y los servicios de transporte de carga, cuando están formalizados, transfieren el costo del TAG a los usuarios, por lo que no lo pagan ellos.

Chile necesita más infraestructura vial para asegurar una mejor calidad de servicios y nuestra cadena logística, especialmente en momentos en que esta ha demostrado su fragilidad. Lo anterior sólo se logra con más inversión y lo razonable es que la paguen quienes se beneficiarían de esa infraestructura y mejor calidad de servicios. No es el momento de que el gobierno tome decisiones que favorecen a un grupo social que no es precisamente representativo de los más desfavorecidos.

La eliminación del TAG obligaría al Estado a financiar con recursos públicos la infraestructura vial actual y futura, lo que a su vez reduce la disponibilidad de recursos para proyectos con fines sociales, que sí ayudarían a una cantidad importante de la población y a aquellos menos favorecidos, en áreas como: educación, salud, pensiones y seguridad. Destinar recursos a obras de infraestructura que benefician únicamente los automovilistas en desmedro del resto de la sociedad sería un error.

La calidad de esas nuevas inversiones debe ser tal que se adecúe a los nuevos estándares que el ministro de Obras Públicas ha enunciado: beneficiando no solo a sus usuarios sino también a su entorno, contribuyendo a su vez a un mejor medioambiente.  No cobrar por el uso de esa infraestructura iría exactamente en dirección contraria, incentivando el uso de vehículos particulares y con ello las emisiones y un mayor nivel de contaminación.

Quienes se ven afectados por los cobros de las autopistas, a diferencia de otros servicios como la energía y el agua, sí tienen opciones, como es usar vías alternativas. Si hay algo que la ciudad nos ofrece son distintas formas de llegar de un punto a otro, algunas más caras y otras más baratas, aunque más demandantes de tiempo.

En consecuencia, medidas como las propuestas por “No+TAG” no solo no son solidarias, sino que buscan beneficios oportunistas en contra de los intereses de las mayorías.