El deterioro de la aprobación del Presidente y de su gabinete en las encuestas ha desplazado la atención de analistas y columnistas desde las medidas anunciadas por el gobierno a la (in)competencia de las autoridades para comunicarlas. En una reciente columna, Lucía Santa Cruz decía: “sin una narrativa que explique esas políticas, es imposible lograr que la ciudadanía las entienda, las perciba como legítimas y, en consecuencia, que confíe en ellas”. Hay decisiones difíciles –agregaba la columnista, refiriéndose, probablemente, al costo de la bencina y otras medidas– “que solo serán viables si logran concitar una aceptación mayoritaria, para lo cual es indispensable que sus verdaderos propósitos sean comprendidos, a pesar de su complejidad”.

¿Qué implicancias tiene poner el asunto en términos comunicativos en lugar de sustantivos? Varias y problemáticas. La necesidad de comunicar bien (tener un relato) no apela a las habilidades descriptivas o explicativas del hablante político –sea un tecnócrata o un “animal político”–, sino a sus capacidades retóricas o persuasivas. El político no busca, como sí lo hace el científico o el pedagogo, describir las complejidades de la realidad ni explicarlas didácticamente, busca transformar o acomodar esa realidad según sus convicciones. Aunque es un discurso partisano sobre el poder, el anhelo de su obtención suele ser reemplazado por guiños al interés general o al sentido común (incluso, cuando se promete recortar protecciones). La eficacia del discurso político depende, en gran medida, de su capacidad de movilizar una lógica adversarial o parcial sublimada por el todo. Por eso, aunque tiende a ser combativo, agita pasiones en torno a una causa y en contra de las ideas y agendas rivales, deliberadamente oculta los presupuestos partisanos subyacentes a sus promesas (¡Gana la gente!, [es hora] de comenzar una nueva era […]de orden, libertad y justicia! ¡El que no cumpla, se va!). Suele ser, por tanto, manipulador y ambiguo. También cultiva una lógica autorreferencial, estabilizada por una comunidad hablante compuesta mayoritariamente por militantes o simpatizantes (de ahí que la “confianza” sea el principal criterio de selección del personal).

Si el discurso político es tan ingobernable, tan reacio a la corrección racional (basta ver las piruetas discursivas del ministro Quiroz para no reconocer errores en el oficio emitido por su cartera), ¿por qué asignarle tanto valor? La razón es simple: ha sido ungido como el portavoz del pueblo, una extensión de esa “mano invisible” que orienta y protege a quien actúa en su nombre.

Y aunque en muchos sentidos eso no es más que una ficción, requiere condiciones mínimas de legitimidad. Un discurso completamente irracional o divisivo, ajeno a formas básicas de cordialidad (como le tuvo que recordar la senadora Núñez al ministro Poduje), inmune a la exigencia de rendición de cuentas o a la queja ciudadana incumple el “contrato social” sobre el cual dicha ficción política descansa.

Por Yanira Zúñiga, Profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile