SEÑOR DIRECTOR:

Más de 900 mil personas buscan activamente trabajo sin encontrarlo. Detrás de esta cifra hay una historia, una familia y una persona que tiene dificultades para afrontar su situación actual.

Chile acumula 39 meses consecutivos con una alta tasa de desempleo, alcanzando un 8,9% en el trimestre enero-marzo de 2026, siendo las mujeres las más afectadas, llegando a un 10%. La informalidad alcanza al 26,5% de la fuerza laboral. A eso se suma que casi la mitad de las mujeres en edad de trabajar no participa en el mercado laboral. No por falta de capacidad, sino porque una economía que crece al 2% no genera suficientes empleos formales para absorberlas.

El trabajo lo crean las empresas cuando deciden invertir, y lo hacen cuando el entorno permite concretar esos proyectos: costos tributarios competitivos y reglas del juego estables. Ahí está el nudo. Hoy hay US$96.000 millones en proyectos paralizados esperando aprobación ambiental.

A este escenario de rigidez regulatoria se suma una política que lleva décadas elevando los costos de invertir. Chile elevó su Impuesto de Primera Categoría desde 17% a 27% en poco más de una década, uno de los mayores incrementos en la OCDE, lo que —según el propio Comité de Expertos— le costó al país cerca de un 8% del PIB. Menor dinamismo significa, en la práctica, menos empleos.

Revertir esta tendencia y agilizar la aprobación de proyectos podría significar 210 mil nuevos empleos directos e indirectos en cuatro años, según estimaciones de Sofofa. Eso no es una promesa abstracta; es la diferencia entre una familia que llega a fin de mes y una que no.

Reducir el costo de invertir y dar certeza jurídica frente a la burocracia ambiental no es una concesión al mundo empresarial. Es la deuda más concreta que tenemos con las personas que cada mañana salen a buscar lo que este país aún no les da.

Soraya Kassis

Consejera Sofofa