La reciente cuenta pública del Panel Técnico de Concesiones ofrece una buena oportunidad para mirar con mayor perspectiva una institución que, sin ocupar grandes titulares, ha cumplido un papel relevante en el modelo chileno.

Las concesiones de infraestructura se articulan mediante contratos complejos y de largo plazo. Durante el proceso de ejecución de las obras, es inevitable que surjan diferencias entre la autoridad y las empresas adjudicatarias en materia operativa o económica. Precisamente para enfrentar esas situaciones se creó el Panel: una instancia especializada llamada a proponer recomendaciones fundadas que permitan encauzar estas discrepancias sobre la base de criterios técnicos y no únicamente jurídicos.

Desde sus inicios, este mecanismo ha contribuido significativamente a la estabilidad del sistema. A través de sus recomendaciones se han abordado controversias por montos superiores a 200 millones de dólares. Al mismo tiempo, han ido consolidando lineamientos que orientan la ejecución de los contratos, elevando el estándar de las decisiones administrativas y de la gestión contractual de manera más consistente y predecible.

El aporte de la entidad va más allá de la resolución de casos específicos. Sus pronunciamientos han ido consolidando un acervo técnico que otorga mayor certeza a las partes involucradas y contribuye a reducir la judicialización de las controversias. En una industria intensiva en inversión y con proyectos que se desarrollan durante décadas, contar con mecanismos institucionales capaces de procesar los conflictos de manera temprana es esencial, no solo para las iniciativas en sí mismas, sino también para el desarrollo de la infraestructura que Chile requiere para asegurar la conectividad a lo largo de todo su territorio.

No obstante, es fundamental que no se pierda el objetivo al que el sistema de concesiones debe apuntar de forma permanente: la disminución de la conflictividad. Para ello se requiere avanzar hacia bases de licitación más claras, antecedentes referenciales actualizados antes de cada proceso, contratos menos rígidos y una mejor coordinación entre los distintos organismos públicos involucrados en la ejecución de los proyectos. Asimismo, fortalecer la autonomía del inspector fiscal resulta clave para una gestión contractual adecuada.

En ese contexto, la experiencia acumulada en las recomendaciones del Panel debiera incorporarse de manera sistemática en la actualización de las bases de licitación. De ese modo, el aprendizaje institucional generado en estos años podría traducirse en mejoras concretas en la gestión del sistema, fortaleciendo la seguridad jurídica, clarificando criterios y consolidando la confianza indispensable para seguir impulsando el desarrollo de la infraestructura y la inversión que el país necesita.

Por Loreto Silva, socia ESYF Abogados y exministra de Obras Públicas