El Consejo Fiscal Autónomo hace evaluaciones independientes de las cuentas públicas, lo que en Chile es bastante difícil por la parcialidad conservadora en el restringido medio de los economistas. No obstante, el CFA concluyó que el proyecto de reforma tributaria del gobierno induce un déficit fiscal de 0,71% del PIB hacia 2030 y de 0,43% hacia 2050. El gobierno cree que se absorberá mediante un mayor crecimiento por las rebajas tributarias a las utilidades de las grandes empresas y a los altos ingresos, con el agregado inusitado de una invariabilidad tributaria de 25 años, una nueva amnistía de repatriación desde paraísos fiscales y una rebaja del impuesto a las donaciones. La evidencia académica muestra, en sentido contrario, que buscar aumentar el crecimiento con rebajas tributarias a los más ricos suele terminar en altos déficits fiscales y poco crecimiento.

El CFA estimó que el impacto del mayor crecimiento esperado sobre el balance fiscal se traduciría en que en 2030 sería deficitario en 0,3% del PIB, como buena parte de los economistas de la plaza, aunque se usan supuestos altos de elasticidad de la inversión ante rebajas de su costo tributario sin garantía de traspaso del posible mayor crecimiento a ingresos fiscales futuros. Para evitar un impacto neto negativo, se requerirían fuentes de financiamiento adicionales “de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto”. Dicho sea de paso, el CFA no menciona los negativos efectos distributivos de las rebajas de impuestos a los sectores de altos ingresos. El FMI, por su parte, ha señalado ante el proyecto un probable incremento de la deuda pública.

Antes de la nominación de su actual presidenta, más que exponer la situación de deterioro fiscal después de la pandemia (pero que sigue siendo la mejor de América Latina y muy superior a la de la media de la OCDE luego del brusco ajuste fiscal de 2022, uno de los mayores del mundo post-crisis), el CFA fue negativo en sus juicios contra el gobierno anterior. Lo reprochable es que elevó la regla del ajuste cíclico, una buena idea del gobierno de Ricardo Lagos, a una especie de inscripción en mármol aunque la economía está siempre sujeta a imprevistos. La propia regla ha debido ser objeto de múltiples ajustes metodológicos por la naturaleza incierta de las variables fiscales consideradas: ¿quién ha proyectado adecuadamente el precio del cobre a 10 años plazo alguna vez, lo que se pide a un grupo de economistas todos los años como parte del cálculo de los “ingresos permanentes”, sin que se informe después cuán equivocados han estado? Se agregó hace poco un umbral de deuda pública de 45% del PIB (hoy es de 42%), llamado prudente por razones misteriosas, en circunstancias que en la Unión Europea es de 70% y en Estados Unidos no existe. Esto no hace sino mantener una situación de alarma que desde fuera se suele observar más bien con sonrisas. Las acusaciones de incumplimiento de metas -que cada gobierno establece al iniciar su gestión- se ha traducido por el CFA en una especie de obligación de bajar gastos si los ingresos no están a la altura, como ha ocurrido recientemente, aunque sin la recomendación inversa. El actual gobierno no formaliza aún sus metas, pues calzar las cifras para alcanzar el equilibrio estructural que se propone supone cerrar una brecha de cerca de 9 mil millones de dólares hacia 2030, a lo que se debe agregar la pérdida de recaudación del proyecto de ley tributario.

Por Gonzalo Martner, economista, académico USACH