Por Peter Kornbluh, autor de “Pinochet Desclasificado,” publicado por Un Día en La Vida y Prensa Catalonia.

Han pasado cincuenta años desde que el exministro Orlando Letelier y su joven colega, Ronni Karpen Moffitt, fueron asesinados mediante un auto bomba en la capital de Estados Unidos. Ese violento asesinato, tal como el secretario de Estado estadounidense George Shultz informaría más tarde al presidente Ronald Reagan en 1987, fue “quizás el único caso claro de terrorismo patrocinado por el Estado ocurrido en Washington D.C.”.

Este hecho ha convertido al caso Letelier-Moffitt en la atrocidad más infame y emblemática de los numerosos crímenes atroces cometidos por el régimen de Pinochet. El caso ha permanecido en el foco de atención pública a lo largo de cinco largas décadas, ya que la búsqueda de rendición de cuentas -tanto jurídica como histórica- nunca ha cesado.

Las recientes acciones legales contra miembros del equipo responsable del asesinato han renovado el interés internacional por el caso Letelier-Moffitt. La noticia de que Armando Fernández Larios -uno de los agentes originales de la DINA asignados para asesinar a Letelier en 1976- fue detenido y posteriormente puesto en libertad por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ocupó las portadas de los medios estadounidenses. Y Fernández Larios no es el único asesino capturado por el ICE. Virgilio Paz Romero, uno de los violentos exiliados cubanos que colaboraron con la DINA y que fue quien accionó el detonador de la bomba que acabó con la vida de Letelier y Moffitt, también ha sido arrestado. Paz Romero permanece en el Centro de Detención Krome de Miami y es probable que sea deportado por tratarse de un inmigrante con antecedentes terroristas confirmados.

El pasado mes de junio, los tribunales chilenos concluyeron finalmente una larga investigación centrada específicamente en el asesinato de Ronni Moffitt, cuyo caso nunca había sido juzgado en Chile. La jueza Paola Plaza dictó sentencias de 15 años de prisión para tres oficiales de la DINA: Raúl Iturriaga Neumann, José Zara Holger y Pedro Espinoza.

Junto con el exdirector de la DINA, Manuel Contreras, Espinoza había sido condenado por el asesinato de Orlando Letelier en un juicio pionero a principios de la década de 1990. El juicio fue histórico: rompió el muro de impunidad que Pinochet había impuesto y, al ser televisados a nivel nacional los alegatos finales ante la Corte Suprema, dieron a conocer a innumerables chilenos la verdad sobre el carácter terrorista de su dictadura.

Sin embargo, el propio Pinochet permaneció intocable hasta que fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998. Pocos recuerdan que la orden de detención de la Interpol se emitió en virtud del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo; Pinochet fue arrestado por terrorismo, dado su papel en la concepción e inicio de la Operación Cóndor y por haber sido el autor intelectual del asesinato de Letelier y Moffitt.

La detención de Pinochet puso fin a su inmunidad y a su impunidad frente a la acción judicial, tanto en Chile como en el extranjero. En Estados Unidos, los defensores de los derechos humanos y las familias Letelier y Moffitt instaron a la administración Clinton a desclasificar miles de documentos estadounidenses -hasta entonces secretos- sobre las atrocidades cometidas por Pinochet contra los derechos humanos, así como sobre el caso Letelier-Moffitt.

Pero también presionamos a la Casa Blanca de Clinton para que procesara a Pinochet como autor intelectual de un acto terrorista perpetrado en las calles de Washington D. C. Personalmente acompañé a Samuel Buffone, abogado de las familias Letelier y Moffitt, a una reunión con el alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional encargado de los derechos humanos, para exponer el argumento de que Estados Unidos disponía de la jurisdicción, los recursos de investigación y las pruebas necesarias para iniciar un proceso histórico contra Pinochet como autor de terrorismo internacional.

El 8 de febrero de 1999, la fiscal general Janet Reno autorizó una investigación -denominada en clave “CHILBOM”- y la clasificó como un “caso de gran envergadura”. Se creó un “grupo de trabajo especial antiterrorista”, integrado por agentes del FBI y abogados del Departamento de Justicia, con el fin de recopilar pruebas para procesar a Pinochet. Según documentos del FBI recientemente desclasificados, el equipo visitó Chile en dos ocasiones durante el primer semestre del año 2000 y llevó a cabo una serie de interrogatorios oficiales, incluida la toma de declaración formal a Manuel Contreras en el penal de Punta Peuco. De regreso en Estados Unidos, el FBI entrevistó a varios exfuncionarios estadounidenses, entre ellos Henry Kissinger.

Apenas unos meses después de que Pinochet regresara tras más de un año de arresto domiciliario en Londres, el FBI y el Departamento de Justicia presentaron una evaluación de las pruebas contra el exdictador chileno, así como recomendaciones para procesarlo en Estados Unidos como autor intelectual de terrorismo internacional.

Sin embargo, cuando William Clinton dejó el cargo y George W. Bush asumió la presidencia en 2001, la nueva administración de Bush no tomó medidas respecto a dichas recomendaciones. “El caso Letelier cayó en un hoyo negro”, según declaró un funcionario estadounidense a la periodista chilena Pascale Bonnefoy en 2002.

Ciertamente, Pinochet logró eludir la justicia legal por su papel como autor intelectual del asesinato. No obstante, el caso Letelier-Moffitt terminó por perseguir a su dictadura y contribuir a su caída. Documentos sobre Chile desclasificados durante la era Clinton -y otros entregados a petición del gobierno de Bachelet durante la administración Obama- aportaron pruebas del papel de Pinochet al ordenar el asesinato de Orlando Letelier y al orquestar posteriormente un encubrimiento a gran escala de su propia participación y la de la DINA en el atentado con auto bomba.

En lo que debe considerarse el “Santo Grial” de los documentos secretos sobre el caso Letelier, la CIA informó en una evaluación de inteligencia del 1 de mayo de 1987 que disponía de “pruebas convincentes de que el presidente Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia llevar a cabo el asesinato” de Letelier. El informe añadía que Pinochet posteriormente “decidió obstaculizar la investigación del caso para ocultar su implicación... a fin de proteger su permanencia en la presidencia”. “Creemos que Pinochet podría estar tratando de protegerse a toda costa”, concluyó la CIA, “posiblemente incluso eliminando a Contreras”, el único hombre que sabía que Pinochet había ordenado el asesinato.

Tal como el secretario Shultz informó al presidente Reagan en un memorando secreto titulado “Pinochet and the Letelier-Moffitt Murders: Implications for US Policy”, las acciones de Pinochet constituían “un ejemplo flagrante de la implicación directa de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado”. Instó a Reagan a presionar enérgicamente para lograr el retorno a un gobierno civil. “Lo que sabemos ahora sobre el papel de Pinochet en estos asesinatos”, concluyó Shultz, “es de suma gravedad y refuerza la necesidad de trabajar por la democratización plena de Chile”.

La restauración de la democracia chilena era el objetivo primordial de Orlando Letelier; su firme empeño en alcanzar esa meta le costó la vida, así como a Ronni Moffitt. Como máximo responsable de sus muertes, Pinochet nunca rindió cuentas ante la justicia. Sin embargo, el hecho de que su actuación contribuyera a poner fin al apoyo de Estados Unidos a su régimen sanguinario demuestra que se hizo otro tipo de justicia: la justicia de la historia. En fin, Orlando Letelier y Ronni Moffitt no murieron en vano.