Por María José Escudero, directora ejecutiva Fundación Ronda
Durante los últimos años, se han logrado importantes avances en cuanto a violencia contra las mujeres se refiere, instalando en lo social y como demandas colectivas aquello que había permanecido oculto durante décadas.
Cuando se cruzan distintas condiciones, como el ser mujer y tener una discapacidad, éstas quedan expuestas a una doble discriminación, constituyendo un grupo que se encuentra invisibilizado incluso dentro de las demandas sociales y movimientos feministas que buscan resguardar los derechos de las mujeres.
Las necesidades y la diversidad de situaciones de vida de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, deben ser consideradas al momento de diseñar políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos, pues suelen estar expuestas a un mayor riesgo de abusos, abandono y violencia, especialmente sexual, tanto dentro como fuera del hogar.
A esto se suma que algunas de ellas presentan un mayor índice de analfabetismo, aislamiento social y dependencia económica, niveles educativos más bajos y menor participación laboral, todo lo cual se traduce en una mayor exposición a sufrir cualquier tipo de vulneración de sus derechos.
En términos globales, según el Consejo de Europa, “más de la mitad de las mujeres con discapacidad ha sufrido abusos físicos, en comparación con la tercera parte de las mujeres sin ella; y un 40% de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia”.
En Chile, 2 de cada 3 personas con discapacidad son mujeres. Según el II Estudio Nacional de Discapacidad (2015), hay 2.836.818 personas con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 16,7% de la población. Las mujeres con discapacidad alcanzan un 20,3% respecto a la población total de mujeres en Chile, mientras que los hombres obtienen un 12,9%. Es decir, casi el doble.
Tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (CDPD) -ambos ratificados por Chile -, instan a sus Estados Partes a adoptar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de toda índole para protegerlas contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, tanto al interior del hogar, como fuera de él.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, solicitamos que el Estado de Chile cumpla con los tratados internacionales ratificados y desarrolle políticas públicas con perspectiva de género e interseccionalidad que protejan de forma efectiva a las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, y permitan reparar los hechos de violencia que viven, como también atender y dar solución a los factores contextuales que influyen en su desprotección.
En el contexto actual que trajo consigo la pandemia, donde los índices de violencia aumentaron dramáticamente producto del encierro forzado, se hace urgente dar respuesta a este problema que afecta a un grupo importante de mujeres en nuestro país. Ellas nos necesitan hoy.
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