En verdad, pareciera que la travesía actual de nuestro Estado formara parte de un guion que narra su paulatina y gradual descomposición. No hace mucho, a propósito del escándalo de las licencias médicas falsas, analizábamos la envergadura del problema y su ramificación, intentando advertir que teníamos por delante un caso de grandes dimensiones. Pero siento que me he quedado corto en la justa aproximación que trasluce este dilema en estos días.

El episodio de la libertad otorgada a un sicario que, por su peligrosidad y participación en un grave crimen, le fuera decretada prisión preventiva, permite apreciar que tales hechos no constituyen una mera comedia de equivocaciones. No, la realidad supera a la ficción.

Asoma detrás de estas circunstancias un entramado que revela -a primera vista- una mezcla de ineptitud y descoordinación administrativa, pero cuya puesta en escena abre la fundada sospecha de que hay mano mora manejando los hilos. Hace todo el sentido pensar que detrás de esta torpeza infinita se esconde la acción inadvertida del crimen organizado, cuyos tentáculos empiezan a percibirse en todos los rincones de las instituciones que componen el sistema de justicia penal: jueces, fiscales, policías y Gendarmería; y que se extienden hacia otros ámbitos, como el de las Fuerzas Armadas.

Como un magma, que cuando aparece en la superficie arrasa todo lo que encuentra en su paso, la corrupción se deja caer en nuestro país, golpeando con fuerza lo público.

La gente experimenta un sentimiento malsano que deriva de esta seguidilla de situaciones delicadas, inéditas y de profundo incumplimiento de la función pública, ahora agravada por elementos perniciosos que dan cuenta del intento de capturar espacios esenciales del Estado para consolidar su poder. La generosa opinión del embajador francés que destaca facetas valiosas de Chile no impide, lamentablemente, dar cuenta de la encrucijada que socava el alma nacional.

No podemos tapar el sol con un dedo, ni reaccionar con medidas de corto plazo o de tinte populista. Basta de ingenuidad. Se debe calar hondo y actuar con criterio amplio y de modo integral, atendido lo brutal de la evaluación.

Desde luego, hay que echar a caminar la institucionalidad del país, pues le corresponde asumir este desafío al orden y la seguridad. La primera señal la debería dar el Consejo de Seguridad Nacional, convocado por el Presidente, que integran todos los poderes del Estado, los titulares de las Fuerzas Armadas y de Orden, y la contralora. El crimen organizado y el narcotráfico han notificado al país que se disponen a cooptar el Estado y quien ignore este cuadro despertará cuando sea irreversible. Es hora de responder con el rigor de la ley y la fuerza de las instituciones.

La nación entera se debe organizar de acuerdo a su realidad. La sociedad civil, las universidades, los gremios empresariales y del trabajo, forman parte de la comunidad amenazada y no pueden escatimar esfuerzos para enfrentar esta lacra que se infiltra sin pausa.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario