La decisión del Presidente de la República de decretar estado de emergencia constitucional en las provincias de Malleco y Cautín (región de La Araucanía) así como en las de Biobío y Arauco (Región del Biobío) ha generado encontradas reacciones, tal como era de esperar cuando se adopta una decisión de esta naturaleza en zonas que han estado fuertemente marcadas por la violencia, a raíz del llamado conflicto indígena.

La decisión del Mandatario se produjo a continuación de que experimentara un revés en la Contraloría, la que estimó ilegal un decreto del Ejecutivo en el cual se buscaba que las Fuerzas Armadas pudieran prestar apoyo logístico -también desempeñar labores de vigilancia- a las fuerzas encargadas del orden público. Al dictar este estado de excepción, será posible movilizar efectivos militares así como material bélico de apoyo, pero siempre como soporte a las fuerzas policiales, cuyo rol no puede ser sustituido.

Conforme ha explicado el Jefe de Estado, la razón para decretar estado de emergencia se debe a la grave alteración del orden público en la zona, añadiendo que esta herramienta constitucional se utilizará para “enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”.

No cabe duda de que la gravísima situación de violencia que se vive en distintos puntos de la llamada Macrozona hacía imperativo adoptar medidas que reforzaran las capacidades del Estado para contrarrestar y neutralizar a los grupos que la propagan. Los casos de atentados a empresas forestales -en que varios trabajadores han resultado heridos, incluso con un caso fallecido-, quemas casi a diario de camiones, ataques incendiarios a predios de agricultores, también iglesias o escuelas, han hecho que la situación se torne insostenible. Frente a un escenario así -al que se agrega creciente evidencia de la acción de grupos ligados al narcotráfico- ninguna democracia puede renunciar a utilizar todas las herramientas legales y capacidades de que dispone para frenar actos de naturaleza terrorista que afectan directamente a la población.

Con todo, es inevitable preguntarse por qué el gobierno demoró tanto una decisión como ésta, considerando que desde hace mucho tiempo que la violencia y la pérdida del estado de derecho campean sin límites -basta recordar cómo grupos armados resistieron un operativo policial en Temucuicui-, y el momento que escogió para actuar es de hecho poco favorable. Estando en la antesala de una elección presidencial y parlamentaria, cualquier medida relacionada con el conflicto en La Araucanía se teñirá de ribetes electorales, y desde luego no parece haber posibilidad alguna de que el Congreso conceda prorrogar este estado de excepción, una vez que se venza el plazo constitucional en que el Jefe de Estado puede decretarlo sin concurso del Legislativo (15 días, prorrogable por un plazo similar). Así, es posible que una medida que se estimaba necesaria, en los hechos no rinda mayor efecto.

Pero que las fuerzas de oposición en el Congreso no quieran prestar su colaboración para enfrentar este conflicto no quiere decir que el problema desaparezca. Resulta profundamente irresponsable consentir que la violencia siga aumentando, y lo que cabría esperar es que todas las fuerzas políticas democráticas, junto al Ejecutivo, pudieran consensuar un plan a mucho mayor escala, entre otras razones porque el gobierno siguiente seguirá enfrentando el mismo problema, y un estado de excepción por sí solo tampoco será suficiente.