Las encuestas de esta semana dan cuenta de un cierto desacople en las percepciones ciudadanas: si bien el costo de las medidas adoptadas se percibe alto, ello no se traduce, al menos por ahora, en una sanción al gobierno de la misma envergadura. La evaluación, a diferencia de lo que muchos intuyeron, sigue en torno a los 42 o 47 puntos porcentuales.

El alza de las bencinas impacta fuerte. Más del 80% declara que le afecta significativamente, el 94% cree que empujará el costo de la vida y una amplia mayoría considera insuficientes las medidas de compensación. No hay ambigüedad en ese diagnóstico: el golpe es real, se experimenta en lo cotidiano y se proyecta como una presión sostenida.

Entonces, ¿por qué el respaldo cae, pero no en una magnitud equivalente al impacto percibido?Porque la ciudadanía distingue. Por una parte, reconoce condiciones de evidente fuerza mayor —la guerra, los precios internacionales—; por otra, no renuncia a la idea de que existía margen interno para tomar otras decisiones. Aquí la estrechez fiscal cumple un rol clave: aunque está instalada como argumento, no tiene la misma fuerza y, por lo mismo, necesita ser reforzada. Es en la combinación de ambos elementos —condiciones externas y restricciones internas— donde se amortiguan los efectos y se desplaza parte del costo político para el oficialismo. Ahí se juega la apuesta del gobierno.

Tal vez desde esta hipótesis pueda entenderse la irrupción de la expresión “Estado en quiebra”, impulsada por uno de los principales asesores del gobierno —figura clave en la construcción del relato que les permitió ganar— y rápidamente secundada por la vocera. Puede ser un error, por supuesto. Una frase que se pasa varios pueblos, exagera el diagnóstico y abre un flanco innecesario. Pero también puede ser una decisión: instalar una idea extrema, asumir el golpe, recibir la crítica pero, fijar pedagógicamente lo esencial: no hay plata, no hay margen, no hay alternativa y no es culpa nuestra. Esto permite comprar tiempo, alinear expectativas y preparar el terreno para lo que viene. Es imprescindible que las medidas se entiendan como un imperativo y no como una elección. Si esto no se logra el costo deja de ser tolerado y empieza a ser atribuido.

Por eso lo que hoy existe es, más bien, una tregua: una aceptación condicionada. Se asume el costo mientras se lo entienda como parte de un contexto que excede al gobierno: la guerra, los precios internacionales y también, la estrechez fiscal. Ese matiz es decisivo. No es lo mismo acompañar una medida que resignarse a ella.

La pregunta, entonces, no es si la ciudadanía entiende. Todo indica que sí. Entiende las restricciones, los márgenes acotados y la complejidad del momento. La pregunta es otra: cuánto tiempo puede sostenerse una decisión que se acepta en los hechos, pero cuya justificación no termina de ser plenamente compartida.

Y, junto con eso, cuánto de esta lógica —la de asumir costos comunicacionales para instalar una interpretación— será replicada, en el mismo registro, por la oposición, produciendo un espiral de tensión que el gobierno pagará de alguna forma. Sino pregúntenle a Parisi, Manoucheri o Cicardini.

Por María José Naudon, abogada.