Estallido y economía

De acuerdo al último IPoM del Banco Central de Chile, las consecuencias del estallido social del 18 de octubre sobre la economía serían devastadores. En el actual trimestre, la economía se contraería en un 2,5 por ciento, y en el próximo año, la tasa de inversión sería negativa y el PIB solo crecería entre un 0,5 y un 1,5 por ciento. El desempleo podría llegar a superar el 10 por ciento de la fuerza laboral y, además -qué ironía más trágica-, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentaría en forma muy significativa, consecuencia de los anteriormente nombrados factores y del aumento de la tasa de inflación y de su efecto sobre las remuneraciones reales.

El Banco Central –con valentía- hizo sus proyecciones en un contexto de enorme incertidumbre. ¿Cómo evolucionará la violencia? ¿Cuál será la profundidad y el sentido de los cambios al esquema económico-social vigente? De la respuesta a dichas preguntas dependerán las predicciones que se hagan. Es por ello posible discrepar de las estimaciones puntuales presentadas por el Banco, pero es imposible dudar de la gravedad de la actual situación económica del país.

Hay quienes estiman que la actual crisis económica es semejante a la que produce un shock temporal, como un terremoto por ejemplo. En estos casos, en que no se ven afectadas las instituciones, si es que se destruye una parte de los activos del país, se esperaría teóricamente que se recupere prontamente el nivel y la trayectoria del PIB por persona. Los datos avalan esta afirmación (Díaz, Lüders y Wagner, 2015).

Pero nuestra actual coyuntura no solo se caracteriza por la destrucción de activos, sino también –y muy especialmente- por el cuestionamiento de nuestro ordenamiento institucional. Es más, la incertidumbre asociada ha impactado muy significativamente los niveles de confianza de hogares y de empresas (IPoM, diciembre 2019), lo que está repercutiendo decisivamente en el consumo y la inversión, y por ende en el crecimiento económico.

La tarea política consiste entonces en revertir la situación en que nos encontramos y sentar las bases de un Chile simultáneamente más próspero y más justo. Existe consenso que para lograrlo hay que terminar lo antes posible con la violencia y las expectativas de su persistencia, conducir adecuadamente el proceso constituyente acordado, y definir a la brevedad posible las bases concordadas de una hoja de ruta social y antiabusos que responda juiciosamente –sin populismos y con responsabilidad fiscal- a las demandas ciudadanas.

Mientras no se cumplan al menos las tres condiciones del párrafo anterior, subsistirá la alta incertidumbre y será muy difícil predecir, con un grado razonable de error, las tasas de crecimiento económico de Chile, excepto que en el intertanto seguirán siendo muy bajas o negativas.