En distintos momentos del año, se abren en nuestro país nuevos debates que tocan dimensiones profundas de nuestra vida social, laboral y económica. Son discusiones legítimas, que reflejan preocupaciones diversas y muchas veces bien intencionadas, pero que suelen abordarse de manera parcial y reactiva. En ese contexto, se hace necesario mirar estos temas con mayor perspectiva, buscando criterios claros que permitan compatibilizar protección laboral, actividad económica y empleo formal.

Cada año, el debate sobre los feriados vuelve a instalarse en la agenda pública, lo que atenta en contra de la certeza sobre las reglas al momento de contratar y proyectar la actividad. Sin embargo, muchas veces se discute sin distinguir adecuadamente entre feriados legales y feriados obligatorios e irrenunciables, una diferencia clave para comprender sus efectos reales sobre el empleo y la actividad económica.

Por un lado, los feriados legales corresponden a días festivos en los que el comercio puede funcionar bajo ciertas reglas, respetando descansos y compensaciones. En cambio, los feriados irrenunciables (cinco en total) implican el cierre obligatorio del comercio y la imposibilidad de que los trabajadores del sector presten servicios, salvo excepciones acotadas.

También existen los feriados por elecciones que, debido a que fueron implementados cuando existía el voto voluntario, se construyeron con restricciones específicas a parte relevante del comercio. Nuestra propia experiencia con voto obligatorio y la experiencia internacional confirman que esas restricciones perdieron enteramente la vigencia y la razón de ser. Por eso deben corregirse.

Todos los feriados se instauran como una forma de reconocimiento a fechas especialmente significativas para las personas de un valor cultural, religioso o social indiscutido que hay que preservar, pero el cierre forzado del comercio tiene impactos económicos relevantes que no pueden soslayarse conforme nuestra realidad actual.

Los estudios de la Cámara de Comercio de Santiago muestran que, durante los feriados irrenunciables, las ventas del comercio formal caen en promedio más de un 80% respecto de un día normal, sin que esa pérdida se recupere posteriormente. Para este año, se estima que el efecto en resultados se traduce en pérdidas que alcanzarán los US$ 640 millones solo en el comercio, restando cerca de un 1% al crecimiento anual del sector. Efecto ya considerado en las estimaciones de nuestras empresas para el 2026.

En contraste, el Viernes Santo (cuando el comercio sí puede operar) proyecta ventas por cerca de US$200 millones para 2026, y una pérdida potencial de entre US$ 100 y 140 millones en caso de un cierre obligatorio. Cabe recordar que, de los 11 feriados existentes, este forma parte de aquellos en que el comercio funciona bajo reglas claras y con mecanismos de compensación.

Esto afecta directamente a miles de pequeñas y medianas empresas, y especialmente a trabajadores cuyos ingresos pueden aumentar significativamente gracias al componente variable de su sueldo, indexado a las ventas, que crece de forma considerable en días festivos. Asimismo, impacta a familias que eligen como espacios de esparcimiento seguros malls u otros establecimientos de comercio en estas fechas.

Además, el cierre obligado genera efectos no deseados. La demanda no desaparece, sino que se traslada hacia la informalidad, debilitando el comercio formal, precarizando el empleo y reduciendo la recaudación fiscal. En los hechos, termina perjudicando justamente a los sectores más vulnerables.

El desafío, por tanto, no es cuestionar ni defender la relevancia de estas fechas profundamente arraigadas, ni tampoco revisar los cinco días irrenunciables ya establecidos o imponer nuevas restricciones inexistentes. El verdadero foco está en resguardar un equilibrio entre derechos laborales, actividad económica y generación de empleo formal, especialmente en un país donde cerca de 850 mil personas se encuentran desocupadas y más de 2,5 millones trabajan en la informalidad, sin siquiera poder participar de una discusión que, en la práctica, podría seguir limitando sus oportunidades de incorporación.

Por María Teresa Vial, Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago