
Funcionarios ejemplares

Mientras miles de personas sufren -y pagan- el aumento de contribuciones por la revalorización de sus bienes raíces, el 25% de los ministros de Estado tomó el toro por las astas y, lisa y llanamente, no paga las suyas. Este es el caso de Obras Públicas, Educación, Seguridad, Salud, Agricultura, Ciencias (Etcheverry, hoy en el Segundo Piso), y Medio Ambiente. Se ha dicho que se trata de una negligencia, descuido o, en el peor de los casos, una infracción administrativa.
Sin embargo, estas conductas, más allá de su calificación jurídica, se inscriben en un contexto de desprecio por la institucionalidad, abuso de poder y abandono de deberes de funcionarios públicos. ¿Será menos grave este hecho porque los ministros deben poco, comparado con el caso de las licencias médicas falsas en que el Estado fue defalcado en $26 mil millones? ¿Será porque son siete autoridades versus los más de 70 mil empleados públicos que se beneficiaron con las licencias? ¿O será que su caso es distinto al de las Fundaciones, donde se sustrajeron $82.961 millones? No es así.
De lo que se trata, en realidad, es de un modo de actuar de la autoridad. Y dentro de esa manera de desempeñarse cabe incluir la contratación de 50 mil nuevos funcionarios públicos sin justificación conocida, llegando al millón de empleados, que, en total, significan un gasto de unos US$20 mil millones al año. También es necesario destacar, como contrapartida brutal a este enorme desembolso, el conocimiento que la autoridad tiene de la pobreza en Chile. Se ha silenciado que, según la Comisión Experta Asesora Presidencial encargada por el Presidente Boric, la pobreza no es del 6,5% como se quiere hacernos creer, sino que del 22,3%. La razón es muy simple: en el método de cálculo se supone que las personas de menores ingresos eligen los alimentos más baratos cuando la realidad es al revés. Los compran en tiendas de barrio y no en supermercados, y, por lo tanto, el recargo es enorme. Casi 300 almacenes mayoristas desaparecieron de las poblaciones destruidos por el “estallido social”.
La simple observación, entonces, de estos datos, resulta aplastante y desoladora. Por ello, cuando esos ministros incurren en la conducta de privar al Estado de recursos para hacer frente a las necesidades de la población, el hecho no puede dejar de sumarse a los casos que han estremecido al país en estos años. Jurídicamente, unos serán penales y otros administrativos, delitos o infracciones, pero en lo relativo al interés público, no hay diferencias. Salvo una, y es que de esas autoridades depende la salud, el abastecimiento de alimentos, el desarrollo de proyectos que creen empleo y la seguridad de millones de ciudadanos honestos.
Ayer el ministro Marcel dijo: “a quienes tenemos cargos públicos, nos asiste la obligación de ser ciudadanos ejemplares y contribuyentes también ejemplares”. Permítasenos el beneficio de la duda.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
“Gritos, insultos, silencios duros, cuando ya no hay paz para tus hijos”, “toqué fondo, me enfermé”: Marité Matus culpa a Camilo Huerta del quiebre matrimonial
Lo más leído
2.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especiales
Digital + LT Beneficios$1990/mes por 5 meses SUSCRÍBETE