Durante demasiado tiempo la discusión sobre el gasto público en Chile pareció desarrollarse bajo el supuesto de que era posible expandirlo siempre. Nuevos programas, beneficios y organismos fueron ampliando, progresivamente, las obligaciones del Estado. Sin embargo, los recursos disponibles no crecieron al mismo ritmo. Después de una década de fuerte expansión, las cuentas fiscales muestran las consecuencias, forzando a enfrentar una realidad que no admite postergaciones.

Chile necesita contener el gasto público. No sólo disminuir algunas partidas, sino también moderar decididamente su ritmo de crecimiento. Recuperar equilibrios fiscales no constituye una obsesión contable ni menos una expresión de insensibilidad social. Un Estado que compromete permanentemente más recursos de los que puede sostener termina debilitando su capacidad para responder a quienes más necesitan de él, así como a las generaciones futuras.

Con todo, reconocer el imperativo de reducir gastos no resuelve el problema más difícil: decidir dónde hacerlo. Una cosa es afirmar que el Estado debe ajustarse y otra distinta determinar qué programa eliminar, beneficio disminuir, inversión postergar o estructura administrativa reducir. Detrás de muchas partidas existen personas y urgencias legítimas.

La prudencia indica que no es suficiente analizar si un programa persigue una finalidad valiosa. Es preciso saber si efectivamente consigue el resultado deseado, cuánto cuesta obtenerlo, si existe una alternativa mejor y qué otras carencias dejan de ser atendidas al destinar allí los recursos. Una política con buenas intenciones, pero malos resultados, no debe ser mantenida.

También habrá que distinguir entre gasto indispensable o prescindible. Reducir burocracia innecesaria, duplicidades o planes ineficaces no es lo mismo que deteriorar servicios esenciales o postergar inversiones cuyo abandono terminará significando un costo mayor. En suma, la austeridad inteligente no consiste en recortar por igual, sino en establecer prioridades.

Encarar este reto requiere, además, fortaleza política. Instaurar beneficios suele producir reconocimiento inmediato; terminarlos o modificarlos provoca resistencias. Todo proyecto genera con el tiempo intereses, estructuras y beneficiarios que favorecen su permanencia. No obstante, administrar responsablemente los recursos públicos obliga a preguntarse no sólo qué nuevas cosas podría hacer el Estado, sino también cuáles debería dejar de hacer.

El desafío actual posee, entonces, dos dimensiones inseparables. Chile necesita gastar menos y, al mismo tiempo, hacerlo mejor. De tal forma, podrá recuperar gradualmente los equilibrios fiscales, a la vez que evitará que ese esfuerzo termine perjudicando bienes que debemos proteger. Se trata, en definitiva, de recuperar la capacidad de escoger objetivos, (re)establecer prioridades y administrar con prudencia recursos que pertenecen a todos los chilenos.

Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial

ESE Business School, U. Los Andes