SEÑOR DIRECTOR:
Chile acaba de darse un gustito, tal vez uno de los más caros de la historia reciente. Por el capricho de un funcionario de rango menor, pero empoderado por una regulación deficiente, arbitraria y politizada, una inversión cuantiosa y necesaria para el desarrollo del país ha sido pospuesta tal vez de forma indefinida. Que el funcionario no haya justificado su decisión de rechazar el proyecto y que, acto seguido, se le haya pedido la renuncia no revierte el mal causado y pone en evidencia que esa decisión fue técnicamente injustificada y administrativamente arbitraria.
Con su habitual tono mesurado, el ministro Marcel ratificó esto al señalar que “a veces hay funcionarios que se les pasa un poco la mano”. El problema radica en que esa pasada de mano debió ser detectada y corregida antes de causar un daño que no solo afecta a una empresa, sino que daña gravemente la reputación de Chile. El “caso Colbún” no es un evento aislado y se suma a una larga lista de decisiones politizadas respecto de proyectos con impacto ambiental.
Lamentablemente, y como es tradicional en Chile, estos casos producen declaraciones públicas altisonantes y copiosas propuestas de leyes que luego dormirán en los pasillos del Congreso, pero raramente llevan a una real reforma de nuestras regulaciones e instituciones. Y es que las reformas no solo necesitan un marco legal adecuado, sino también un cambio de incentivos para que los involucrados -funcionarios públicos, políticos, empresarios, y comunidades- cambien para bien sus actitudes y sus acciones. Resulta ingenuo creer que nuestras políticas e instituciones van a mejorar solas sin cambiarle los incentivos a aquellos que deben implementarlas.
Raimundo Soto
Académico del Instituto de Economía UC
