El proyecto de ley de Presupuestos 2026 avanza con la tradicional solemnidad republicana. Se despliegan cifras, cuadros y discursos sobre responsabilidad fiscal y social. Y, como cada año, el gobierno parece convencido que esta vez sí se ha alcanzado el equilibrio perfecto entre prudencia y desarrollo. Sin embargo, el detalle deja más preguntas que certezas.

Si se habla de responsabilidad social, ¿por qué se recorta el gasto en viviendas para sectores vulnerables, y a su vez el Ministerio de las Culturas recibe un aumento tres veces mayor al de Desarrollo Social? ¿Por qué programas claves como educación parvularia tienen recortes?

Se habla de responsabilidad fiscal, pero, si la recaudación resulta menor a la proyectada en la Ley de Cumplimiento Tributario, como advirtió el FMI, o si los recursos del reajuste del sector público negociado en diciembre resultan superiores a lo provisionado ¿qué gastos se recortarán? ¿Se congelarán transferencias, se reducirán subsidios o se castigará nuevamente la inversión? ¿O el límite prudente de deuda ya no es tan prudente? Si los números nuevamente no cuadran, ¿quién será el responsable?, ¿el Ejecutivo por sobrestimar o el Legislativo por aprobar? ¿El ancla de la política fiscal sigue siendo la meta de balance estructural o es el gasto aprobado, como argumentó el ministro en su defensa?

Frente a la declaración de que este gobierno tiene como prioridad promover la colaboración público-privada para impulsar el crecimiento económico y la inversión, ¿cómo se entiende la caída del 13% en inversión directa y del 0,2% en transferencias de capital? ¿Por qué Cultura recibe más de mil veces el ajuste del Ministerio de Ciencia?

El gobierno insiste que el 92% del gasto es rígido, dándole un halo de intransable. Entonces, ¿por qué la información que se le entrega a los parlamentarios muestra que el gasto establecido por leyes permanentes es el 73%? ¿Cómo se explica esta diferencia? ¿Cómo se puede proponer una reasignación adecuada si no hay la suficiente transparencia en este ítem?

La autoridad dice que ha sido transparente con la deuda. Entonces ¿por qué se arrastró hasta el próximo Presupuesto el pago de los $533 millones a ENAP para cubrir los costos incurridos en la implementación del programa piloto “Gas para Chile” de 2022? ¿Hay más compromisos financieros, facturados o no facturados, que queden pendientes para la próxima administración?

La autoridad dice que está empeñada en ir “tras la ruta del dinero” de los grupos organizados. Entones, ¿por qué le reduce los recursos a la Unidad de Análisis Financiero, cuyo objetivo es impedir la utilización del sistema financiero para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

Con el elevado costo fiscal y privado del mal uso de las licencias médicas, ¿por qué se le reducen los recursos a La Superintendencia de Salud?

Y podría seguir. La lista es larga. Pero quizás la verdadera pregunta no sea qué se financiará en 2026, sino qué cuál es el modelo de Estado se busca financiar, el cual claramente no entiendo.

Por Macarena García, economista senior, Libertad y Desarrollo