Informalidad ante la pandemia

Este domingo hubo un mar de vendedores en el barrio Recoleta. Foto: AgenciaUno



Bernardo Lara es director del Centro de Investigación en Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca.

Sabemos las graves consecuencias del Covid-19 ha generado en la economía. Sin embargo, ella ha golpeado de manera aún más fuerte a los 2,6 millones de trabajadores que poseían un empleo informal al inicio de la pandemia. Entre el primer y segundo trimestre del año 2020 se perdieron casi 1 millón de empleos informales. Asimismo, sectores de la economía con altas tasas de informalidad laboral, como son la construcción y los servicios en el hogar, sufrieron caídas del empleo mayores a un 25% del empleo total.

Para entender el impacto sobre las personas, analicemos los datos de la primera ronda de la Encuesta Social Covid-19 (junio-agosto 2020) del Ministerio de Desarrollo Social. Dicha encuesta tiene como objetivo entender el impacto de la pandemia sobre los hogares y permite distinguir entre trabajadores que tenían contrato antes de la crisis y aquellos que no. Efectivamente, los datos a nivel de sector no mienten. Mientras solo un 17% de los trabajadores con contrato declaran haber perdido su actividad o haber sido despedido, un 55% de los trabajadores sin contrato lo hacen. En la misma línea, mientras solo un 38% de los trabajadores con contrato dicen haber experimentado una caída en sus ingresos, un 77% de los trabajadores sin contrato dicen lo mismo. Estas diferencias se mantienen parecidas, incluso si comparamos a trabajadores con niveles similares de ingresos y de educación de los trabajadores.

Si bien el Estado ha generado ayudas, igualmente la crisis laboral descrita tiene consecuencias reales para los hogares. En la encuesta, seis de cada diez trabajadores que tenían un trabajo informal declaran que sus ingresos simplemente no alcanzaron para cubrir los gastos del hogar. Esto implicó que un 4 de cada 5 trabajadores informales haya tomado medidas como reducir sus gastos en alimentación, salud y calefacción; o dejase de pagar sus cuentas de servicios básicos, comunicaciones, arriendo o gastos comunes. Las consecuencias de esta baja de ingreso podrían además tener efectos de largo plazo.

De esta forma, parece claro que los trabajadores informales están pobremente protegidos, lo que resulta altamente preocupante ante la posibilidad de un mundo global con shocks cada vez más frecuentes. He allí el desafío para la clase política y empresarios: generar empleos formales de calidad que permitan el acceso a la seguridad social. Asimismo, cabe reflexionar sobre cómo diseñar un sistema de seguridad social que entregue protección, pero al mismo tiempo haga a los individuos partícipe y aportantes al mismo sistema. En principio, transferencias monetarias que premien la formalidad (pero sin generar barreras) y un seguro más universal para las crisis de amplio efecto en la población podrían ser puntos de partida.

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